“Las ventajas de la Ley de pequeñas causas las veo para la Fiscalía”
Tras el anuncio de que el ente acusador solicitará la preclusión de 537 procesos de pequeñas causas, la magistrada habla del papel de la Judicatura y de por qué sería innecesario nombrar más jueces penales.
La semana pasada la Fiscalía Seccional de Atlántico señaló a El HERALDO que se disponía a solicitar la preclusión de 537 procesos correspondientes a delitos denominados de “pequeñas causas”, pero que igual tienen alto impacto en la sociedad, como hurto, extorsión, daño en bien ajeno, estafas menores (hasta $105 millones) y calumnia, entre otros.
Si bien desde el ente acusador se señala que, en estos casos, los jueces no alcanzaron a programar a tiempo las audiencias, la magistrada Claudia Expósito, presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura de Atlántico manifestó que tales preclusiones sí ocurrieron, pero en etapa de investigación.
Lo cierto es que tanto la Fiscalía como para la Judicatura seccionales se empieza a ver lo que sucederá con la próxima entrada en vigencia de la Ley 1826 de 2017, o de pequeñas causas, que fue sancionada en enero pasado y entrará en vigencia hacia mediados de año. La magistrada Expósito dialogó con El HERALDO y estas son sus impresiones.
¿Por qué surgen las jornadas masivas de descongestión?
Fui invitada como ponente en un foro regional sobre el proceso penal abreviado, al que asistió el fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez, el pasado 15 de marzo. Allí propuse, como presidenta del Consejo Seccional de la Judicatura, una serie de estrategias para prepararnos y de esta forma afrontar la entrada en vigencia de esta ley. Dentro de estas propuestas sugerí que se programaran jornadas masivas de audiencias de imputación de aquellos asuntos solicitados en año 2008 en el centro de servicios penales, pero que habían fracasado.
En concreto, ¿cuál es esa propuesta?
Que se destacara para ello a dos fiscales proactivos, además de dos jueces y que para que esto funcionara, se les acompañara a los fiscales de policía judicial, con el fin de asegurar la comparecencia de las partes. De aquí mismo, que se contactara a la Defensoría para destacara a un defensor por juez.
¿Tuvo eco esa proposición?
Del resultado de este foro, la directora de la Fiscalía Seccional, Ángela María Bedoya, estuvo en sintonía con la propuesta que se hizo ese día. A partir de allí, nos hemos reunido ella y yo, como representantes de ambos entes, interesadas en sacar a delante a estos retos. Ella me levantó una base de datos, en la cual se iban a priorizar una serie de eventos.
Entre ellos, las prescripciones…
Primero, por supuesto, las prescripciones, porque de alguna manera es una carga que está permaneciendo en la Fiscalía y que hay que finiquitar esos procesos, para que se vayan bajando el inventario. De esas que usted publicó el pasado 29 de marzo, todas son prescripciones.
Son 537 según la Fiscalía y se vendrían más prescripciones…
La claridad que hay que hacer es que no ha prescrito en la etapa de juicio. Estas SPOA (registros en la base de datos del sistema penal oral acusatorio) han prescrito en la Fiscalía porque ha transcurrido el tiempo establecido para hacer la solicitud de imputación frente al juez de control de garantías.
¿No tiene que ver con que los jueces no hayan programado las audiencias?
Estas 537 preclusiones, con las que vamos a iniciar la jornada masiva de descongestión, son procesos que han prescrito en la parte de investigación.
Entonces, ¿por qué están ante los jueces?
Esas 537 ya están radicadas ante nuestros jueces de conocimiento penales municipales, no son nuevas solicitudes, porque es un paso que establece la ley, pero eso no quiere decir ocurrió en juicio. La causal que se da en este caso es atribuible a la no presentación que es deber de la Fiscalía. Por qué están ante los jueces: porque solo ellos pueden declarar la preclusión.
¿Con cuántos jueces penales municipales cuenta para los casos de pequeñas causas?
En estos momentos tengo tres jueces penales municipales. Esta semana se incorporó un cuarto a partir del lunes, estaba en la Ley 600 (antigua ley de procedimiento penal) y no tenía casi ya procesos. Inicia con carga cero. En próximos días incorporaremos una juez de control de garantías. Es decir, vamos a tener cinco jueces para todos estos retos.
¿Cuántos procesos manejan?
Las estadísticas de los juzgados difieren por los procesos. Están entre 800 y 1.200 procesos. Hoy en cada despacho hay cargas razonables, pueden manejarlas de una manera adecuada.
¿Dónde radica entonces el cuello de botella del sistema?
En esto hay que recalcar cuáles son las causas de aplazamiento de las audiencias. Lo que retrasa un proceso y lo que hace que estos jueces se vean cada vez más atiborrados es ese aplazamiento. La mayoría de causas de aplazamiento se da porque las partes no concurren. Hay que mirar cada caso concreto, porque el deber de garantizar que concurran las partes es la Fiscalía, con su policía judicial, la que identifica, por ejemplo, los domicilios.
Otra causa de aplazamiento, que opera cuando hay medida de aseguramiento, es responsabilidad del Inpec, porque no conduce a los reclusos a las audiencias. Ello porque tienen insuficiencias de carácter técnico, humano –personal o no tienen vehículos para transporte– y, en ocasiones, sencillamente son estrategias.
Entonces estos jueces son suficientes…
Para lo que hay, nos hemos manejado con estos tres jueces que hay. Le reitero, vamos a incorporar a tres más, para también adelantarnos con el tema del acusador privado.
Con ese y otros temas que la nueva ley implica, ¿no le haría solicitud alguna al Consejo Superior de la Judicatura?
Con los tres jueces que tenemos hemos podido dar los resultados. Con los dos que adicionamos, veremos cuál será el comportamiento de la ciudadanía, una vez entre en vigencia la nueva ley, que per se no implica una avalancha de solicitudes. Vamos a observar su comportamiento. Nosotros, como Consejo, veremos y determinaremos si es posible la creación de nuevos despachos judiciales.
¿Cómo ve la figura del acusador privado?
Tiene unos requisitos. Uno es tener un presupuesto para contratar un abogado. En el tema de un hurto, por ejemplo, la gente preferirá renunciar a esa facultad, porque le sale más caro contratar un letrado que recuperar, por ejemplo un celular robado.
¿Por qué hay voces que hablan de un cuello de botella?
Como le repito, si lo vemos grosso modo, podríamos afirmar eso que usted dice. Si la estadística de la Fiscalía –que no la conozco– tiene muchos proceso para presentar y si todas las víctimas deciden contratar un abogado o ir a un consultorio jurídico consultorio jurídico –como lo permite la ley– y participar en la fase de investigación para presentar la acusación, entonces sí. Habría que esperar.
¿Qué ventajas ve en la nueva Ley?
Las ventajas las veo para la Fiscalía. Si se analiza la ley, fue hecha para descongestionar al ente investigador y así lo declaro el fiscal en el foro. El objetivo es que los fiscales se dediquen a la investigación de los casos con mayor impacto social, como la corrupción –bandera del fiscal general– los delitos contra la administración pública, los abusos contra menores o los homicidios, que están descuidados por esta avalancha de delitos de pequeñas causas.
¿Qué papel jugará la Judicatura?
Nosotros como Judicatura estamos dispuestos a prestar todo el apoyo. Estas propuestas de descongestión son nuestras y estamos dispuestos a dar toda la colaboración para sacar adelante este reto.
El presidente Santos anunció que con estas medidas, los fallos pasarían de darse en tres años a seis meses. ¿Lo ve así?
Pienso que cuando es un procedimiento abreviado pasa de cinco a dos audiencias, las vicisitudes del sistema van a ser las mismas. ¿Cómo me van a garantizar que en el procedimiento abreviado comparezcan las partes?
¿Qué otras desventajas ve en la nueva Ley?
Las veo en el tema social, por decirlo así. La persona que es objeto de un delito menor muchas veces no tiene el dinero para materializar estos postulados penales. A lo mejor esta ley podría convertirse en una destinada a quienes pueden pagar un abogado.
¿De esas ‘pequeñas causas’, cuál se ve más en los despachos?
Según las estadísticas de los juzgados la que abandera es el hurto, seguido por las lesiones personales y la violencia intrafamiliar.
¿Qué mensaje enviaría a los demás actores del sistema penal?
No se trata de hacer acusaciones. Todos los actores estamos comprometidos en sacar adelante estos deberes que se nos imponen. Tenemos falencias, que no son atribuibles a las personas, sino a las limitantes económicas de nuestro Estado.
