“Que hagan la paz, que no ataquen a su vecino, que no ataquen al otro joven, que dejen de prestarle servicio al traqueto y al político…”, “que empiecen con nosotros la formación del liderazgo popular. A sus presos en las cárceles los vamos a escuchar. Vamos a pacificar Barranquilla”. Esos fueron algunos de los mensajes lanzados el martes anterior por el presidente Gustavo Petro desde el Paseo Bolívar, el histórico punto del progreso de la capital del Atlántico, y con los que el mandatario abrió la puerta a un eventual inicio de diálogos con los temibles grupos criminales que operan en esta jurisdicción. Su intervención fue en el marco de los cabildos populares convocado por el propio Ejecutivo y con los que se buscan impulsar distintas propuestas.
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Pero en lo que se refiere a ese intento por la llamada paz total, con diálogos con estructuras criminales ya anunciados con anterioridad en otras partes del país, ¿qué puede ser posible y qué no en el Atlántico? ¿En realidad sí llegarían a someterse a la justicia ‘Pepes’ y ‘Costeños’, dos de los bandos conocidos?
Frente a esa disposición del Gobierno, la Fundación Paz y Reconciliación (Pares), señaló en una publicación de este tema que ese “experimento, con sus claroscuros”, ya “ha funcionado en Buenaventura y en el Valle de Aburrá”.
“A principios de este gobierno la ciudad puerto logró algo que era impensable de conseguir: tener 87 días sin asesinatos. Las dos bandas que manejan la delincuencia en este lugar, los Shottas y Espartanos, pudieron sentarse en una mesa de negociación, incluso jugaron un partido de fútbol para sellar el cese al fuego. Medellín y su área metropolitana han bajado de manera histórica sus indicadores de violencia. Incluso alguien que está en las antípodas de Petro, el alcalde Federico Gutiérrez, ha reconocido la importancia de la paz urbana, de la negociación con las bandas”, se leyó.
Y detalló que para el investigador del área de Paz, Seguridad y Derechos Humanos de Pares, Nicolás León, el llamado de Petro a las bandas delincuenciales en Barranquilla “Aunque podría llegar a generar una reducción de la violencia, es un anuncio que hay que tomar con pinzas”.
Según el investigador, aunque falta claridad sobre los detalles del proceso, hay algunos puntos que generan ruido. Uno de ellos es “la evidente ruptura entre el Gobierno Nacional y la Administración Municipal en cabeza de Alejandro Char”, dicha ruptura limitaría los alcances del proceso, ya que “sin una participación activa de la Alcaldía, cualquier intento de instalar una mesa de diálogo en la ciudad pierde fuerza”.
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Otro de ellos es la definición de los interlocutores con los que se espera iniciar los diálogos: “Petro habló de entablar conversaciones con ‘bandas criminales juveniles’, lo cual puede llegar a ser confuso, ya que estas bandas no representan una dimensión real del crimen organizado en Barranquilla. Al contrario, si se va a dialogar con Los Costeños, Los Pepes o Los Rastrojos Costeños, que son los que controlan las economías ilícitas en la ciudad, es necesario evaluar los incentivos que los motiven a iniciar un diálogo, toda vez que actualmente se encuentran en una disputa abierta por el control territorial”.
Finalmente, de acuerdo con la entidad, el tiempo es otro de los desafíos “una eventual negociación sería una tarea contrarreloj. Al Gobierno le queda poco más de un año en la Casa de Nariño, en un contexto en el que la agenda política estará marcado por las campañas electorales lo que dificulta la consolidación de un espacio de diálogo, como también podría llegar a enredar su propósito final”.
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Digno Palomino, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias ‘Castor’ y Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias ‘el Negro Ober’, así como los hermanos Borré Barreto, habían mostrado interés en esa llamada paz total desde 2023. Primero fue una supuesta tregua en agosto de aquel año entre Pepes y Costeños, con la que se contabilizaron al menos ocho días sin homicidios en Barranquilla y su área metropolitana.
Meses después, previo al cierre del último mes de 2023, miembros de la banda delincuencial Los Costeños volvieron a anunciar un nuevo cese al fuego y actos criminales con la organización Los Rastrojos-Costeños, en Barranquilla y los municipios de su área metropolitana. Fue a través de un video que circuló en redes sociales, en el que encapuchados armados dijeron que “pararían la guerra y la extorsión” durante los días que restaban de diciembre de 2023 y el mes de enero de 2024.
Cabe recordar que expertos en seguridad consultados por este medio aseguraban meses atrás que la vendetta entre ‘Pepes’ y ‘Costeños’ dejarían al menos entre 700 y 800 muertes, en homicidios registrados entre marzo de 2022 y diciembre de 2023.
Luego, en octubre de 2024, alias Castor, a través de un emisario, entregó un lote de armas de fuego, entre estas pistolas y revólveres, aparentemente, en medio de un supuesto acto de voluntad para conseguir un preacuerdo con el ente investigador y así obtener algunos beneficios entre sus procesos judiciales.
No obstante, días después a ese evento, que tuvo la participación del CTI de la Fiscalía y la Segunda Brigada del Ejército, apareció un video en el que presuntos miembros de la estructura criminal ‘los Costeños’, encapuchados, con trajes camuflados y con armamento de largo alcance, hablaban de temibles alianzas con estructuras criminales de la región Caribe.
El material detallaba de manera inicial que Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor o alias el General, dejaría el mando “central y militar” y este sería asumido por alguien conocido con el alias de ‘Gonzalo’. Posterior a eso revelaron la presunta conformación creación del “Bloque Resistencia Caribe” “producto de una alianza con hermanos de Bolívar y Sucre”.
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En el comunicado la supuesta nueva organización también lanzó un ataque frontal al Clan del Golfo y a los Pepes, señalándolos de cometer la mayoría de actos criminales en la jurisdicción, entre estos la inagotable extorsión. Luego, una línea de investigación policial reveló que todo se trató de mensajes intimidatorios entre bandos criminales.
Y ahora el pasado miércoles 2 de abril se conoció nuevamente que ‘Costeños’ y ‘Pepes’ habían solicitado al Gobierno nacional realizar una mesa de diálogo que se llevaría a cabo en Barranquilla.
De acuerdo con información confirmada a EL HERALDO, el alto Comisionado para la Paz, Otty Patiño, recibió la solicitud promovida por los líderes de dichos grupos criminales, Jorge Eliécer Díaz Collazos, alias Castor, y Digno Palomino Rodríguez.
La defensa de alias Castor reveló que para realizar esta petición las dos bandas cedieron a una supuesta “tregua” de cese al fuego que, según su declaración, fue pactada desde el pasado 11 de febrero al 15 de marzo, un espacio en el que evidentemente se redujeron los homicidios en las zonas de injerencia de estas dos organizaciones.
Sin embargo, autoridades dejaron claro que en el lapso aportado en el documento elevado al alto Comisionado para la Paz, desde el 11 de febrero al 15 de marzo, coincidió con capturas realizadas por la Policía Metropolitana de Barranquilla de temibles sicarios al servicio de las dos estructuras y del Clan del Golfo, involucrados en por lo menos 50 homicidios.
Análisis locales
Para entender esa guerra entre estructuras criminales locales hay que consultar a quienes conocen del tema y el expersonero y abogado Arturo García Medrano es uno de esos expertos.
Para García una mesa de diálogo entre el gobierno Petro y las estructuras locales mencionadas “no traería resultados a corto plazo”.
“¿Por qué razón? En mi criterio, y he insistido en ello en varias ocasiones, existe un desconocimiento absoluto desde al menos las últimas dos décadas frente al tema de la violencia urbana en el área metropolitana de Barranquilla y la relación existente entre la guerra, actividad juvenil y la presencia y crecimiento de las organizaciones criminales en este territorio. Entonces habría que precisar a qué se refiere el presidente Petro cuando anuncia un diálogo del gobierno con las bandas juveniles, que no es lo mismo anunciar un diálogo con bandas criminales con la potencialidad de lo que esto significa en nuestro contexto real”.
Para el expersonero, este desconocimiento es generalizado tanto en las autoridades administrativas y organismos de seguridad, no solo en el terreno local, sino incluso nacional.
“Aquí hay mucho desconocimiento de la realidad del conflicto en nuestra capital Barranquilla y los otros municipios, al menos del área metropolitana, y por extensión varios en el departamento del Atlántico, donde esta simbología el lenguaje se observa por redes sociales asociados a varios factores llamados contraculturales. Entonces hay mucho desconocimiento de la realidad de ese conflicto porque una cosa es dialogar con pandillas o bandas juveniles y otra es sentarse a dialogar con estructuras armadas que han crecido exponencialmente en los últimos cinco años”.
Recuerda que al menos desde 2013 se observó el aumento de la violencia en no menos de 25 barrios del área metropolitana de Barranquilla y otros 12 o 15 en el municipio de Soledad. De ahí esa violencia se expandió a Malambo y en menor grado a Galapa y a Puerto Colombia, donde hoy también es visible esa criminalidad que ha hecho desbordar las estadísticas inocultables de la violencia mortal en estos últimos cinco años.
Reconoce que hoy las víctimas de esa guerra está representada en jóvenes entre los 14 y 27 años.
“Estamos hablando de niños entre 14 y 17 años que hoy se reclaman ser de una u otra organización y entonces hay una disputa y control territorial. El proceso es realmente difícil. Las cosas no son, de pronto, en el escenario en que la pueden ver algunos funcionarios del orden nacional. Y creo que el presidente Petro cuando hizo referencia a este tema del diálogo debió haber estado más preparado por sus asesores, por lo que significa esta temática de violencia urbana para esta región del Atlántico”, finalizó el experto.
Entretanto, el profesor de la Universidad del Norte e investigador en temas de conflicto armado, Luis Fernando Trejos, manifestó tener 3 hipótesis con relación al anuncio del presidente Petro.
La primera es que el presidente haya hecho el anuncio con el ánimo de mover las emociones de las personas que en ese momento se encontraban en el paseo Bolívar, “por lo que más comúnmente se habla lanzó un globo, que hasta hoy nos tiene hablando de él”.
La segunda es que el presidente se haya dado cuenta de que estas mesas de diálogo socio jurídico, por lo menos en su primer año, “han producido un efecto positivo en la disminución del homicidio, ya que los grupos que se sientan a dialogar, por lo general, han pactado treguas entre ellos”.
“De esas treguas la más duradera y la que más impactos positivos ha tenido es la de Medellín y en ese sentido eso le serviría al presidente para golpear a rivales políticos locales, ya que en el caso de que hay una mejora en el homicidio, el gobierno reclamaría esa victoria para ellos y trataría de generar una imagen de una administración local ineficiente versus un gobierno nacional efectivo en el manejo de la seguridad”, insistió.
Y la tercera hipótesis es que el anuncio se haga con el fin de darle oxígeno a la paz total o lanzarle un salvavidas a una política de paz que tiene unos resultados muy limitados, muy pequeños con respecto a los objetivos que se planteó y en ese sentido se esperaría que si en el segundo semestre del año se abre la mesa, esta llegaría al primer semestre del próximo año activa en el marco de las contiendas electorales de Congreso y de Presidencia, y trataría el presidente, entonces, de reivindicar su política de paz mostrándola eficiente en un espacio urbano.
