La investigación por el asesinato de la comerciante Marta Lucía Ortega Hernández, cuyo cadáver fue hallado enterrado en las playas de Puerto Mocho, acabó antes de que comenzara el juicio al acusado de matarla, su amante Jeferson Ovidio Mesa Rueda.
El final se dio ayer, luego de que Mesa manifestara en una audiencia su decisión de admitir que cometió el crimen, ocurrido el 14 de agosto del año pasado, a cambio de que el cargo de homicidio que la Fiscalía le endilgó pasara de agravado a simple, y obtener una rebaja de pena.
El preacuerdo suscrito entre el detenido, su abogado, la Fiscalía 18 de la unidad de Vida y la representante de familiares de Ortega fue avalado en su totalidad por el juez 7o. penal del Circuito, Jhon Rico Castro.
'Este juzgado convalida o legitima este acuerdo y anuncia sentido del fallo con sentencia condenatoria', dijo el juez Rico, poco antes de las 11 de la mañana, en la sala 17 del Centro de Servicios Judiciales de Barranquilla.
No pidió perdón. Previo a dar a conocer su determinación, Rico preguntó a Mesa si era consciente de que su decisión derivaría en una pena de 20 años en prisión. 'Sí, señor juez'.
'¿Acepta el acta de preacuerdo que ha verbalizado el señor fiscal?', insistió en interrogarle. 'Sí, señor juez', le contestó.
En el transcurso de la diligencia, el juez le preguntó al menos cuatro veces a Mesa si deseaba preacordar con el ente acusador o aceptaba lo expuesto por el fiscal Rodrigo Restrepo Reyes.
'Sí, señor', 'sí, señor juez', 'sí, señor juez', 'conforme con lo que dijo mi defensor', fueron las respuestas del procesado, que en ninguna de sus intervenciones pidió perdón ni expresó arrepentimiento por su confesa participación en el crimen.
Las pesquisas establecieron que el asesinato tuvo como contexto la 'relación semioculta' que Ortega, de 44 años, sostenía con Mesa, de 21 años. Se conocieron cuando el joven entró a trabajar a la tienda propiedad de ella, ubicada en el municipio Galapa (Atlántico).
Familiares de la comerciante han sostenido que su exempleado la mató para apoderarse del negocio, pero esta versión nunca fue mencionada por las autoridades.
Visto por testigos. Para respaldar el preacuerdo, el fiscal 18 reseñó los resultados más importantes de la investigación realizada por agentes de la Sijín.
Las principales evidencias contra Mesa, de 21 años y quien dijo ser comerciante, eran los testimonios de dos vigilantes, un mototaxista y un casetero que lo vieron el 14 de agosto en Puerto Mocho, junto con Ortega.
'Estaba en la caseta ‘Los recuerdos de ella’ (en la tarde), se me acercó un joven y me dijo si podía buscar a su mujer, que estaba en una pescadería en Las Flores; me dijo cómo era y llamó por teléfono', recordó el mototaxista en declaración jurada ante los investigadores.
El delegado indicó que ese testigo reconoció en fotografías a Mesa, y a Ortega, como la mujer 'que recogió y se la entregó' a él.
Otros testimonios comprometedores los brindaron dos vigilantes de una draga que, para los días del asesinato, permanecía cerca del balneario Puerto Mocho, situado al norte de Barranquilla.
'A las 4:20 pasaron la señora y un joven, mucho menor que ella, se dirigieron a un lugar solitario, que solo tiene una entrada y una salida porque es como un bolsillo', manifestó.
El guardia que tomó el turno nocturno agregó que 'a eso de las 7:20 vio al joven regresando solo, se le acercó y este le dijo que había mandado a su mujer en un mototaxi, pero este no había regresado a recogerlo a él'.
Rastro telefónico. Cuando Mesa salió del ‘bolsillo’ donde degolló y enterró a Marta Ortega, el vigilante en turno lo acompañó hasta la zona de las casetas y le pidió el favor a un motociclista que lo transportara hasta el barrio Las Flores.
La coartada de Mesa se cayó no solo porque fue reconocido por los testigos, sino que además hubo evidencias técnicas que lo ubicaban en la escena del crimen, el día y a la hora en que se registró.
Entre esas las cámaras de seguridad de la tienda Top 40, en Las Flores, que lo captaron pasadas las 8 de la noche al entrar para comprar una cerveza –la cual se tomó– y una gaseosa que le regaló, junto con $10 mil, al motociclista que lo trasladó hasta allí.
En ese momento vestía con una camisa blanca, diferente a cuando se encontró con la víctima.
Pero los indicios menos refutables para el procesado y su defensa eran los rastros en su teléfono celular, un Samsumg Galaxy 5.
Mesa tenía registrada a su nombre una línea terminada en 7, del cual no se hallaron llamadas con el número de Ortega. 'No existió comunicación entre esos abonados porque no lo utilizó cuatro días antes, ni cinco días después del crimen', indicó el fiscal Restrepo.
En el listado de llamadas recibidas por el celular de la comerciante resaltó, sin embargo, una línea terminada en 2, con la cual se comunicó 12 veces el 14 de agosto. El primer contacto fue a las 11:38 de la mañana.
Al indagar, las autoridades encontraron que estaba a nombre de una persona inexistente en Santa Marta.
'Las celdas (satelitales) ubicaron esa línea desde las 4:20 de la tarde en la zona de Las Flores, y las de la hoy occisa también', leyó el fiscal.
Y fue una búsqueda selectiva en base de datos lo que confirmó las sospechas: la imei (identificación internacional de equipo móvil) del teléfono Samsung de Mesa arrojó que fue usado con la tarjeta anónima. 'Se trataba de una sim card ‘bruja’, de esas que se pueden comprar en la calle', explicó el fiscal.
En prisión. Tantas evidencias testimoniales, materiales y técnicas en su contra arrinconaron a Mesa, cuyo abogado advirtió en la audiencia que él mismo, en un escrito, le manifestó su deseo 'libre y voluntario' de preacordar con la Fiscalía y confesar el homicidio.
'Si bien los familiares de la señora Marta esperaban una condena de 40 años por homicidio agravado, se trata de una negociación que permite la ley, lo cual aceptaron y expresaron su consentimiento', dijo al término de la audiencia la abogada Iveth Sandoval Ramos, quien representa a los parientes de la comerciante en calidad de víctimas.
Mesa Rueda está recluido desde el 23 de octubre en la Penitenciaría de El Bosque, luego de que el día anterior agentes de la Sijín lo capturaran en el barrio El Bosque, suroccidente de esta capital, por una orden judicial en su contra.
Defensa, sin recursos
Ricardo Camacho González, defensor de Mesa, dijo en la audiencia que su cliente tiene claro la responsabilidad que asumió al suscribir el preacuerdo con la Fiscalía. 'Ese fue el preacuerdo celebrado, solicito que se le imparta aprobación', afirmó Camacho, quien no presentó apelación u otro recurso ante el fallo del juez.
