La audiencia en que la Fiscalía pidió la exclusión de Justicia y Paz del exjefe paramilitar Rodrigo Tovar Pupo no solo sirvió para conocer los motivos de la solicitud, que representantes de víctimas manifestaran su rechazo a la petición y que el abogado de alias Jorge 40 expusiera parte de su oposición a la misma.
Los magistrados de conocimiento del Tribunal Superior de Barranquilla también escucharon uno de los motivos del desmovilizado para no colaborar más con las autoridades colombianas desde que, en mayo de 2008, el Gobierno lo extraditó a Estados Unidos por cargos de narcotráfico.
'No solo tenía la intención de contribuir con la justicia desde el principio, cuando estaba aquí, sino que una manera de callarlo fue el asesinato de su hermano', aseguró el viernes el abogado Hernando Bocanegra Bernal.
Sergio Tovar Pupo, ingeniero de alimentos y ganadero, de 39 años, fue baleado a las 11:30 de la mañana del 24 de diciembre de 2009. Un sicario lo atacó mientras esperaba en un taller especializado por el arreglo de una maquinaria agrícola, en el suroccidente de Valledupar (Cesar), tierra natal de los Tovar.
Desde que ocurrió, las autoridades relacionaron el crimen con que la víctima fuese el único hermano vivo del excomandante del Bloque Norte de las AUC (sus dos hermanas fallecieron en distintos accidentes).
'Hasta la fecha la Fiscalía no dice nada, no ha tomado una sola declaración', advirtió Bocanegra. El jurista insistió, sin embargo, que la muerte de su hermano menor no es el único motivo de alias Jorge 40 para guardar silencio (ver recuadro).
TRASLADO A BOGOTÁ
Una de las primeras decisiones de la Fiscalía en la investigación por el asesinato, fue trasladar las pesquisas a Bogotá por falta de garantías en la capital del Cesar. Unas labores que dejan entrever de quiénes se sospecha como presuntos autores intelectuales.
'Al parecer, según la Fiscalía porque no conozco el proceso, tendría vinculación el grupo del Gobernador', manifestó el abogado.
El defensor se refirió a que investigadores de la Dijín visitaron el 12 de octubre de 2013 a la esposa de Rodrigo Tovar, Ana Vélez Salgado. El mismo día que el CTI capturó a Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez Cerchar, gobernador de La Guajira, acusado de determinar homicidios y aliarse con paramilitares en ese departamento y en Cesar.
Los policías manifestaron a Vélez –agregó Bocanegra– 'que necesitaban' que junto con sus hijos 'declarara sobre unos hechos' y culpabilizara a Gómez y Marcos Figueroa García, alias Marquitos, de la muerte de su cuñado.
La respuesta de los Tovar Pupo a los policías fue tajante, recordó el abogado: no tenemos nada qué denunciar, si hay alguien que tiene que denunciar, en su momento, sería papá y lo haría en Estados Unidos.
'Es extraño que no se haga nada y todo quede en la impunidad, y que la Fiscalía volvió a interesarse por el proceso del señor Sergio Tovar Pupo el día que fue capturado el señor Gobernador de La Guajira', cuestionó Bocanegra.
Tres meses antes del arresto de Gómez, la Fiscalía comisionó en julio a funcionarios para que viajaran a Estados Unidos y se entrevistaran con los excomandantes de AUC en la Costa Salvatore Mancuso Gómez, alias Santander Lozada; Arnulfo Sánchez González, alias Pablo, y Tovar Pupo.
'A fin de establecer las posibles alianzas paradelincuenciales que pudieron haber existido entre estos señores y el señor Juan Francisco Gómez Cerchar', indica la orden exhibida ante los magistrados Gustavo Roa Avendaño, Cecilia Olivella Araújo y José De la Pava Marulanda.
DEMANDADA LA NACIÓN
Tras el homicidio de Sergio Tovar Pupo, su familia presentó una demanda contra el Estado por 'omisión del deber legal de protección a las personas que lo soliciten'. La acción está a nombre de Lorena María Trebilcok Castillo, esposa del ingeniero, y está dirigida a la Policía Nacional.
En la argumentación de la demanda se resume cómo el hermano menor del exparamilitar solicitó protección en no menos de cuatro veces, entre enero y mayo de 2007.
'Solicito que se me proteja mi vida y mi integridad personal', requería en una queja del 12 de enero al Comisionado de Paz, Luis Carlos Restrepo. Reclamaba además la devolución de un revólver con salvoconducto –de defensa personal– que policías le habían decomisado en Sucre.
Alias Jorge 40 también envió en febrero de 2008 una carta al presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez. 'Mi esposa, mis hijos, mi hermano y mis padres, por solo mencionar a mi círculo familiar más íntimo, se encuentran sin ninguna protección'.
En un primer fallo del 12 de diciembre de 2013, el Tribunal Administrativo del Cesar no aceptó la demanda. Decisión que ya fue apelada por Trebilcok y su abogado, que calificó como una 'ligereza' que no se diera importancia a las denuncias de la víctima.
'El señor Sergio Tovar una y otra vez clamó por protección ante las autoridades, al igual que el hecho de que éstas le hubieren dado respuestas evasivas en unas ocasiones, o simplemente lo hubieren ignorado en otras', alegaron en la apelación.
El registro virtual de procesos en la página de la Rama Judicial señala que, desde julio del año pasado, el proceso está 'para fallo' en el despacho del magistrado Hernán Andrade Rincón.
El caso de Narcotráfico
En su intervención del viernes en la mañana, el abogado Hernando Bocanegra Bernal leyó varios de los documentos con los que pretende evidenciar que Rodrigo Tovar Pupo quiere colaborar con las autoridades colombianas. Explicó que la negativa del exjefe paramilitar a declarar de nuevo en Justicia y Paz, se debe a la investigación por cargos de narcotráfico en Estados Unidos, donde las leyes permiten la Fiscalía de ese país 'utilice en su contra' cualquier manifestación que haga, no importa en qué escenario y ante quién. 'Él ha manifestado que tiene toda la intención, pero una vez termine el proceso'.
