El Consejo de Estado negó una demanda con la que los dueños del polémico negocio Lucitania pretendían obtener una millonaria indemnización del Distrito de Barranquilla, por supuestos procedimientos ilegales que llevaron al cierre del local en 2012.
La decisión del alto tribunal, que tiene fecha del 13 de febrero de 2014, se dio en respuesta a un recurso de apelación contra el auto proferido el 9 de septiembre de 2013 por el Tribunal Administrativo del Atlántico, el cual ya había negado una serie de solicitudes hechas por Andrés Lucio Manrique Polo y Elba María Jiménez Antonio, supuestos representantes del negocio, a través de su apoderado.
Entre las peticiones de los propietarios estaba inicialmente que se declarara la nulidad de las resoluciones con las que se decretó el cierre del negocio en 2012. De igual manera los demandantes pretendían que se les reconociera a cada uno de ellos $250 millones como indemnización por concepto de perjuicios morales, es decir, $500 millones.
Los demandantes exigían de igual manera que se les reconocieran igualmente los perjuicios patrimoniales representados por el valor del good will o la prima comercial por la antigüedad, ubicación y volumen de ventas del establecimiento de comercio.
La resolución por la que se produjo el cierre de Lucitania fue la 0638 de 9 de julio de 2012.
