Compartir:

La fiscal novena de Justicia y Paz, Zeneida López, imputó cargos a diez exparamilitares por una serie de hechos delictivos, entre ellos el homicidio del empresario de las comunicaciones y copropietario de la emisora Radio Galeón, Rodrigo Alfonso Ahumada Lomanto.

El asesinato se registró el 21 de junio de 2002 en Santa Marta, cuando Ahumada Lomanto iba en un carro y fue interceptado por dos sicarios en moto que le propinaron tres tiros en la cabeza.

En su momento, las autoridades del Magdalena informaron que no tenían pistas sobre los autores del homicidio.

Ayer, durante audiencia realizada en el segundo piso del Centro Cívico, la fiscal Zeneida López indicó que los móviles dados a conocer por los exparamilitares dan cuenta de que Ahumada Lomanto fue asesinado por presuntamente cuestionar a través de su emisora, 'el boleteo y las extorsiones a las que estaba sometida la ciudad por parte de las Autodefensas'.

Otro de los argumentos expuestos por los desmovilizados fue que supuestamente la víctima 'hacía publicidad a favor de la guerrilla del ELN', según indicó la representante de la Fiscalía.

Rodrigo Ahumada Lomanto fue candidato al Concejo de Santa Marta en las elecciones de 2001, donde obtuvo un total de 400 votos que no le alcanzaron para ocupar una curul en el cabildo de esa ciudad.

En 1991 fue asesinado su padre, el periodista y fundador de Radio Galeón, Rodrigo Ahumada Bado.

El homicidio de Ahumado Lomanto se lo imputó la Fiscalía específicamente a Hernán Giraldo Serna, alias el Patrón y cabecilla del frente Resistencia Tayrona de las AUC; Norberto Quiroga Poveda, Nodier Giraldo Giraldo, Adán Rojas Mendoza, Daniel Eduardo Giraldo Contreras y José del Carmen Gélvez Albarracín, alias el Canoso, que también estuvieron vinculados al grupo paramilitar.

En la audiencia, presidida por la magistrada Zoraida Anyul Chalela, estuvieron presentes también, Édgar Antonio Ochoa Ballesteros, Carmen Rincón, José Daniel Mora López y Flavio Manuel Reyes Martínez.

A través de videoconferencias desde Estados Unidos, donde permanecen recluidos en una cárcel de Virginia estuvieron Hernán Giraldo Serna, Nodier Giraldo Giraldo, y Eduardo Vengoechea Mola.

Esta audiencia se realizó dentro del sistema de priorización, adoptado por la Fiscalía para agilizar los procesos por casos especiales como los relacionados con Justicia y Paz.

La masacre del Limón. Otro hecho del que se habló en la audiencia fue la masacre de ocho indígenas wiwa, en agosto de 2002, en zona rural de Riohacha, La Guajira. La Fiscalía les imputó a los postulados los delitos de homicidio en persona protegida, desaparición forzada, actos de terrorismo y barbarie al igual que desplazamiento forzado.