Panamá fue removida de la lista de países considerados paraísos fiscales por el gobierno de Colombia en octubre de 2014. El listado, publicado en un decreto del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, incluía 71 jurisdicciones, entre las que figuraban las Islas Marshall, Bahamas y Hong Kong.
A los pocos días, el ministerio decretó la salida del listado de cuatro Estados al argumentar con herramientas para intercambiar información fiscal con Colombia: Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Mónaco y Panamá. Desde ese entonces, los ministros de relaciones exteriores de Colombia y Panamá se comprometieron a negociar y concretar un acuerdo contra la evasión fiscal a más tardar el 30 de septiembre de 2015.
Sin embargo, las negociaciones aún continúan. En diciembre del año pasado terminó la séptima ronda sin que las delegaciones hayan conseguido 'alcanzar consenso sobre algunos temas críticos', según afirmó a finales del año pasado Farah Urrutia, quien encabeza la delegación panameña.
Los hallazgos de la investigación ‘Los Papeles de Panamá’ publicados por la organización periodística sin ánimo de lucro Connectas indican que tres de los diplomáticos panameños tendrían un conflicto de interés, lo que podría explicar la demora para alcanzar un acuerdo.
De acuerdo con los documentos filtrados de la firma Mossack Fonseca, el vicecanciller, Luis Miguel Hincapié, el asesor de la Cancillería, Gian Castillero, y el abogado Raúl Castro estarían relacionados con múltiples empresas offshore —firmas que están registradas en un país en donde no realizan ninguna actividad económica—.
Según Connectas, además de participar en las negociaciones con Colombia, también están presentes en las conversaciones que Panamá adelanta con el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).
Por su parte, Luis Miguel Hincapié está vinculado al Partido Panameñista, el partido de Gobierno, fue viceministro de Gobierno en 2010 y de Trabajo y Desarrollo Laboral de Panamá en 2011.
