La difusión, por La FM, de un video que recoge una conversación de alto contenido sexual entre el ex viceministro del Interior Carlos Ferro y un capitán de la Policía ha desatado una encendida polémica acerca de los límites de la información y el derecho de los ciudadanos a la privacidad.
La divulgación de las imágenes, que constituyen una de las pruebas que la Procuraduría General ha remitido a la Fiscalía para que investigue una supuesta red de prostitución homosexual en la Policía, no solo condujo a la dimisión de Ferro. También precipitó la dimisión del máximo jefe de la institución, general Palomino, a quien distintos testimonios involucran en la denominada ‘Comunidad del Anillo’. Y se ha cobrado, además, la cabeza de la prestigiosa periodista Vicky Dávila, directora de La FM, responsable de la emisión del video.
El periodismo debe seguir el principio general de no inmiscuirse en la vida privada de las personas. Sin embargo, sucede en ocasiones que esa intimidad puede, por algún motivo, tener relevancia pública. Incluso en esta hipótesis, hay que obrar con la mayor cautela posible. La obligación del periodismo de calidad es sopesar con responsabilidad la información y publicar aquella que responda exclusivamente al objetivo de esclarecer hechos que se consideren de interés público. Y, sobre todo, evitar daños personales gratuitos, muchas veces irreparables, no solo al implicado en los hechos que se denuncien, sino a su familia y su entorno próximo. Existen muchas otras exigencias éticas, entre ellas la de rehuir informaciones obtenidas por medios ilegales.
No queda claro que el video aportara información concreta sobre red de prostitución alguna. Y, en caso de que lo hubiera hecho, la situación habría exigido un tratamiento más elaborado que la divulgación de la totalidad del documento, con diálogos que solo sirven de carnaza para el vulgar chismorreo.
Hemos de decir que la web de EL HERALDO, por una precipitación del momento, alcanzó a recoger el video, pero al instante fue retirado por orden de esta dirección. Aprovechamos para ofrecer disculpas a la familia Ferro y a nuestros lectores por ese lamentable fallo.
Hechas estas apreciaciones, nos quedan dos reflexiones. La primera se refiere a la calidad de las pruebas que aporta la Procuraduría. Sería conveniente, para la salud de la democracia, que el señor jefe máximo del ente explicara cuál es el valor probatorio del polémico video.
La segunda es que, al margen del debate sobre la conducta de la periodista dimitida, no hay que permitir que el escándalo de prostitución en la Policía, que a todas luces sucedió por más que se desconozca aún su alcance, acabe convertido en el ‘caso Dávila’.
