El cementerio de la Historia está lleno de normas que se consideraban inmutables. Todas las sociedades están en permanente transformación y en diversos momentos se ven enfrentadas a situaciones novedosas que las obligan a mirarse ante el espejo y tomar decisiones que inevitablemente generan tensiones en el cuerpo social.

Una de esas situaciones es la que se está viviendo con el tema de la homosexualidad y, muy en concreto, con el derecho de adopción por parte de parejas gais. El reciente fallo de la Corte Constitucional, que ha avalado ese derecho de manera muy limitada –para casos en que el niño sea hijo biológico de uno de los miembros de la pareja–, ha desatado la natural polémica. Los sectores progresistas han acusado al alto tribunal de quedarse corto, por no extender el derecho a todos los casos, mientras que los círculos conservadores  opinan que se ha abierto peligrosamente la puerta a un cambio antinatural del orden familiar.

Más allá del debate sobre la inclinación ideológica de esta Corte, los magistrados tienen motivos para alegar que el análisis jurídico se facilitaría si el Congreso de la República modificara las leyes pertinentes sobre familia y adopción.

Son, en efecto, los congresistas quienes deben abordar este complejo asunto, porque de lo que aquí se trata es de dar una respuesta política a una  demanda de un sector de la sociedad que reivindica con creciente fuerza los mismos derechos que  los demás ciudadanos.

Lo más importante en este debate es que sea abordado sin perjuicios. Alegar, como ha hecho una universidad capitalina de clara inspiración religiosa, que la homosexualidad es una enfermedad, resulta, cuanto menos, estrambótico en este naciente siglo XXI.

Lo que tienen que analizar los legisladores, sin pasiones, es si los posibles cambios en los modelos de familia constituyen o no una amenaza para la sociedad en su conjunto y, de manera específica,  para la infancia. No valen afirmaciones cargadas de prejuicios como la de que un niño criado en un hogar gay saldrá inexorablemente ‘inestable’, o ‘pervertido’, o con su sexualidad ‘confundida’. Muchísimos niños con esas características salen hoy, a propósito, de hogares formados por matrimonios convencionales.

Tal como señalaba ayer nuestro columnista Fernando Arteta, cualquier pareja, sea homo o heterosexual, puede ser apta o no para adoptar. Y hay que confiar en que las entidades encargadas de asignar niños en adopción realizarán con rigor los procesos selectivos. En todo caso, un análisis sereno de experiencias de niños adoptados por parejas gais contribuiría a enriquecer la discusión.

Los políticos deben tomar cartas en este tema. Porque en juego están no solo los derechos civiles de una minoría que durante siglos ha sido objeto de censuras morales, sino –y esto es muy importante– el derecho de decenas de miles de niños abandonados a encontrar un hogar de acogida. Según un informe que publica hoy este diario, en 2014 solo se entregaron en Colombia 1.148 niños en adopción de más de 80.000 que esperan vivir en una familia. ¿No merecería esto ser incluido en el gran debate que nos ocupa?