Una conmovedora y arrolladora solidaridad ha despertado en el mundo entero el secuestro de la niña de 10 años Nohora Valentina Muñoz, hija del alcalde de Fortul, Arauca, y perteneciente, precisamente por vía paterna, a una apreciada familia costeña, concretamente de San Juan del Cesar, La Guajira.
Es apenas natural entonces el clamor de todos los estamentos del país rechazando, al unísono y con indignación, este nuevo acto de violencia contra la niñez, el cual adicionalmente tiene la gravedad de revivir el fantasma del secuestro en Colombia, fenómeno que se había considerado desterrado en nuestro país en los últimos años.
A las sentidas manifestaciones del papa Benedicto XVI y de la Cruz Roja Internacional se le suma la del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, Unicef, que recuerdan que el secuestro configura un crimen de lesa humanidad que viola de manera flagrante los derechos de los niños y de todos los demás seres humanos. Pero en el niño se da de manera particular el agravante de la vulnerabilidad, la inocencia y todos los factores que hacen de los menores sujetos con protección expresa.
En un estudio del Gobierno Nacional a través de la Dirección Operativa para la Defensa de la Libertad Personal, en conjunto con las entidades que integran la lucha antisecuestro y antiextorsión, se ha evidenciado en los últimos 12 años un considerable decrecimiento del comportamiento del secuestro extorsivo y simple, pues mientras en el 2000 la cifra de plagiados en Colombia llegó a 3.572, en el 2010 este guarismo era de 282 personas sustraídas con fines extorsivos pecuniarios, políticos o publicitarios.
Lo que sí empieza a preocupar es que de enero a marzo de 2011, el secuestro ha presentado un incremento del 21 por ciento, en comparación con el año 2010 en igual periodo, y hasta julio el número de plagiados haya subido a 193 personas, temiéndose que estas cifras dupliquen las del año inmediatamente anterior.
Por su parte, la directora de la ONG País Libre, Olga Lucía Gómez, ha mencionado que ha sido difícil el determinar con exactitud las cifras del número de personas secuestradas en Colombia en los años recientes, pues los registros establecidos por el Gobierno distan considerablemente con los de organizaciones de la sociedad civil. Quienes figuran oficialmente como secuestrados en la actualidad realmente no se sabe si permanecen en esa condición o ya están libres y no se reportó este hecho, o incluso si fueron asesinados en cautiverio; hasta cabe la posibilidad de que en el registro aparezcan personas desaparecidas.
Lo que sí está claro es que en este caso de Nohora Valentina la sociedad entera ha considerado como inaceptables las razones que llevaron a sus autores a cometer este abominable hecho, cuyas motivaciones aún están por definirse entre lo político, lo subversivo y lo delincuencial.
Es reprochable aprovechar la candidez y la inocencia de los niños para extorsionar y usufructuar, ya sea económica o ideológicamente, los complicados y enrevesados asuntos de los adultos.
De todas formas, el pueblo colombiano exige que se le devuelva cuanto antes la libertad a la joven plagiada, a la vez que reclama celeridad y cautela a las autoridades en las operaciones que hagan.
Igualmente apoya a los organismos internacionales mediadores que pueden ayudar a hacer justicia ante este hecho criminal, que empaña una vez más nuestra imagen internacional, haciéndonos ver como una sociedad sumida en la violencia y en la cotidiana transgresión de los derechos fundamentales de convivencia humana.
