La crisis energética en la Región Caribe puede entenderse como la manifestación terminal de una enfermedad que lleva décadas gestándose.

Los problemas en el servicio eléctrico que aquejan a los costeños tienen, tras de sí, una combinación de gestión deficiente y desidia estatal acumulada por años. Su solución, por ende, convoca no solo todos los esfuerzos del Estado para abordar una tarea que pone a prueba su capacidad resolutiva, sino también el compromiso de las empresas que forman parte del sistema y un estricto seguimiento y control. En esta última labora, el papel de la sociedad civil puede ser crucial.

Luego de muchos y largos reclamos de la Región, el gobierno de Juan Manuel Santos puso en marcha, desde mediados del año pasado, un ambicioso programa para resolver la crisis, que contempla inversiones por más de $4 billones. Sin embargo, como bien apunta un imperativo extraído del terreno de la física, lo que no se mide no se puede gestionar ni controlar.

El que se denominó Plan5Caribe tuvo desde el principio una falencia en este sentido, pues el cumplimiento y el progreso de las medidas planteadas había quedado bajo la verificación del mismo Ministerio de Minas y Energía. La designación de un “gerente” o administrador del plan surgió como una necesidad fundamental, luego de que empezarán a salir a la luz pública retrasos en la ejecución de los distintos proyectos. Ante un plan de inversiones de tal envergadura es demasiado alto el riesgo de que los recursos terminen donde no debían; en la historia reciente del país sobran los ejemplos de malos manejos que derivan en sobrecostos multimillonarios y desangre del erario público. Para la muestra, el caso Reficar. El incumplimiento de los cronogramas sirve de alerta temprana para detectar posibles fallas y tomar medidas para corregir el camino, tal como sucedió en el plan para conjurar la crisis energética.

Está claro que se deben cerrar filas para blindar al Plan5Caribe, y que su coordinación y seguimiento es una responsabilidad de primer nivel, que exige las máximas cualidades técnicas, éticas y profesionales. Está en juego la posibilidad de solucionar uno de los grandes baches que ralentiza el desarrollo de una Región que ha experimentado importantes avances para consolidar su competitividad.

Los mandatarios del Caribe designaron para esta labor a un Comité Intergremial Regional, luego de una cumbre con Minminas. Estará en cabeza de Edgardo Sojo, ingeniero eléctrico que preside el Intergremial del Atlántico, y que contará con el acompañamiento de representantes gremiales de toda la Costa.

Nadie más interesado en que las fallas en el servicio de energía eléctrica se vuelvan cosa del pasado que aquellos que han padecido sus falencias; tal es el caso del sector productivo. Ahí radica la importancia de la misión del Intergremial, una organización que había perdido parte del protagonismo que tuvo en otras épocas en el debate público, y que ahora asume la tarea de demostrar que vela con eficacia por los intereses costeños.

No será fácil sanar una enfermedad de tal complejidad, pero están en marcha todos los procesos para lograrlo, y gran parte del éxito recaerá en la supervisión.

Aunque tendrá la primera responsabilidad, Intergremial no estará solo en esta labor. Más allá de quien lleve la bandera, superar la crisis energética es una causa común del Caribe, que congrega a mandatarios, medios y usuarios.