Un nuevo concepto ha irrumpido en el lenguaje político moderno, y es el de la ‘transición social’. Con él se pretende describir el conjunto de políticas públicas orientadas a mejorar las condiciones de vida de sociedades con problemas estructurales de violencia con el fin de que pueda adaptarse a un hipotético escenario de paz.

De transición social se habló en profundidad en el I Foro Intersectorial de Colombia, que se celebró ayer en Barranquilla y en el que el prestigioso jurista español Baltasar Garzón hizo, en la conferencia inaugural del evento, un  lúcido retrato del proceso de paz colombiano. El foro –el primero de una serie que se celebrará en varias ciudades colombianas– giró alrededor del tema de los aportes y retos de la Región Caribe para una transición social.

Esta, tal como lo señaló el juez Garzón, se construye en torno a tres ejes. El primero se refiere a la necesidad de que el Estado  –y no grupos paralegales o de cualquier otra índole– garantice a los ciudadanos la seguridad y el acceso a una justicia eficaz, de modo que no exista la percepción de impunidad frente al delito común y la corrupción.

El segundo consiste en el modelo de desarrollo. Y el objetivo es conseguir que los avances en materia económica no beneficien solo a unos pocos, sino que alcance a todas las capas de la población, de modo que se pueda lograr una sociedad cada vez más cohesionada, justa e inclusiva. La presidenta del Comité Integremial del Atlántico, Beatriz Vélez, una de las ponentes del evento, admitió que, lamentablemente, en nuestra región no se está consiguiendo que la incipiente ola de prosperidad llegue a todos los habitantes, al menos con la intensidad deseable.

El tercer eje es la cultura de paz y convivencia. Se trata este de un tema crucial en el caso de Colombia, donde décadas de barbarie han instalado una cultura de violencia que ha permeado amplios sectores de la población y que será muy difícil erradicar. No estamos hablando solo de la antiquísima violencia política que baña de sangre al país desde tiempos inmemoriales; hablamos también, y sobre todo, de la violencia cotidiana, la que se manifiesta en constantes riñas de vecinos que, en muchos casos, tiene resultados luctuosos. Hablamos incluso de la violencia en el lenguaje diario, que actúa en ocasiones como combustible que incendia los ánimos.

Resulta evidente que el proceso La Habana confería al foro de ayer especial actualidad. Sin embargo, la idea de una transición social merece ser debatida independientemente de cualquier negociación con la guerrilla. Esta es apenas una parte del problema de Colombia. La pobreza, la injusticia, la desigualdad económica, la exclusión social y, por encima de todo, la corrupción también configuran el gran mapa de la violencia nacional.

Por supuesto que un eventual fin de la actividad guerrillera ayudaría a allanar el camino hacia una sociedad más normalizada. Pero la transición social exige mucho más que eso. Requiere de un gran compromiso de instituciones, políticos, empresarios y de la sociedad en general para que arraigue el principio de que Colombia es un proyecto común de todos y para todos.