No menos que estupor causan las conclusiones de la investigación adelantada por la Corporación Transparencia por Colombia sobre los procedimientos de contratación pública y de selección de empleados en la Gobernación de Atlántico, el Distrito de Barranquilla y el municipio de Soledad. Básicamente el estudio nos da a conocer lo vulnerables que los funcionarios son a la corrupción.
Según un estudio adelantado sobre los años 2008 y 2009, y presentado a los miembros del Comité Intergremial del Atlántico, los citados entes tienen bajos índices de Transparencia. Es así como estas cifras para el Atlántico son de 77,85 (Aceptable), para Barranquilla de 63,6 (Regular) y para Soledad de 56,4 (Malo) sobre 100 puntos posibles.
Entre las inconformidades encontradas en dicho estudio están la desorganización en sus plantas de cargos públicos, el no cumplimiento de las normas de meritocracia –en especial con falta de información a la ciudadanía a través de la página web sobre los trámites de las convocatorias– y la no evaluación de los candidatos a los cargos de esas entidades públicas.
Estamos seguros que si este mismo estudio se adelantase con otras entidades estatales del orden nacional o regional los resultados serían igualmente negativos. Para la muestra un botón: corporaciones como las CAR, cuya misión es “Ejecutar las Políticas establecidas por el Gobierno Nacional en materia ambiental” y con una nómina gigantesca de expertos ‘de alto nivel’ no fueron capaces en el 2010 de diseñar una estrategia para enfrentar preventivamente el desastroso impacto del fenómeno de La Niña en nuestro país. Esa incompetencia del personal vinculado le salió costosa a la entidad, obligando al Gobierno Nacional a tomar drásticas decisiones con su continuidad en la vida pública.
Hacemos insistencia en que muchas veces los organismos estatales, pese a tratar de modernizarse implantando las normas de calidad ISO como la GP1000 y otras, parece que estuvieran de espaldas a la realidad administrativa en la escogencia de personas que vayan a asumir cargos clave y de gran responsabilidad dentro de la gestión que van a desarrollar. Todavía siguen utilizando métodos de selección intuitivos o ‘dedocráticos’, en los cuales el principal criterio es el aval de algún líder político que ni siquiera tiene el cuidado de preseleccionar a los candidatos, como tampoco se toma el tiempo para examinar si el perfil y la hoja de vida del mismo se compaginan con su formación académica, experiencia previa y antecedentes con las funciones que a futuro va a desempeñar en el cargo que se le va a asignar.
Un humilde carpintero nos puede enseñar que un mueble fino no se puede elaborar con madera de un árbol de matarratón. Para esta faena se requiere madera de cedro o de ceiba roja o de gran calidad. Igualmente, para seleccionar a los líderes que vayan a crear y desarrollar acciones estratégicas en todos los frentes del gobierno y de gran impacto en el bienestar de la comunidad, se requiere en vez del uso de la desgastada y vergonzosa técnica de la ‘dedocracia’, más bien de una minuciosa revisión de los antecedentes educativos, judiciales, psicológicos y de toda índole en los candidatos postulados para que no se den groseras equivocaciones como las que han ocurrido en el pasado, encargando sorprendentemente a personas que no tienen la más mínima idea de los procesos de los que le han responsabilizado, cuando no con serios problemas emocionales u otros sin los más mínimos principios éticos que hacen sus fechorías a costa del erario público.
Esto de seleccionar adecuadamente es un compromiso que adquieren los gobernantes con la comunidad que mayoritariamente lo escogió, confiando en sus habilidades de liderazgo y en su sano criterio para conformar un excelente equipo de gobierno. Y si surgen recomendaciones, lo cual parece inevitable, lo mínimo que respetuosamente se les puede exigir es que escojan líderes que le respondan con una gestión pública transparente y de calidad que satisfaga las necesidades más sentidas de sus gobernados.
Hacemos un llamado a presente y a futuro para todos los alcaldes y gobernadores de la región para que fortalezcan transparentemente su gestión en los aspectos de contratación pública de los funcionarios que conforman esos entes estatales pues, como bien decía una de las funcionarias de la Corporación Transparencia, si no hay transformaciones al respecto, el Estado va a seguir dándole oportunidades a la corrupción.
