No puede ser más desafiante la tarea que actualmente enfrenta el ministro de Minas y Energía Carlos Rodado Noriega con el propósito de dar soluciones a los innumerables problemas del sector minero en nuestro país, más aún cuando este constituye una de las cinco locomotoras económicas del actual gobierno.
Por un lado esa cartera debe enfrentar el embrollo que se le ha presentado con la explotación artesanal y de pequeña escala del carbón, actividad que se encuentra en el ojo del huracán ante la muerte en las últimas dos semanas de 21 mineros en Sardinata, Norte de Santander, y de dos trabajadores más en socavones de Boyacá.
Lamentablemente estos humildes mineros nuestros no tuvieron la suerte de sus célebres colegas rescatados el año anterior en Chile, pues está demostrado hasta la saciedad que acá ese sector no cuenta en lo más mínimo con la tecnología tan avanzada para enfrentar este tipo de emergencias.
Cifras de la Cámara Colombiana de la Minería muestran que en el año 2010 se reportaron 134 mineros muertos en 36 accidentes y en los últimos años se contabilizan más de 400 accidentes. La Defensoría del Pueblo ha denunciado por su parte que, por accidentes en minas carboneras y auríferas, el numero de víctimas fatales en los últimos tres años supera a 216, en su mayoría acaecidos en las minas de carbón. Los casos de mayor trascendencia ocurrieron en Amagá, Antioquia, con 87 víctimas, y en Sardinata, Norte de Santander, con 38.
Estadísticas del Ministerio del Medio Ambiente indican que en Colombia hay cerca de 3 mil minas legales en 18 regiones, mientras que otras 4 mil funcionan ilegalmente, dándose dentro de ellas los accidentes que son pan de cada día. Las condiciones en que los mineros han venido laborando en esos ‘túneles de la muerte’ son de alto riesgo y no garantizan su derecho a la vida y a la salud. Ellos todos los días se juegan la vida trabajando en un socavón a centenares de metros bajo tierra, lugares donde el aire es escaso, el calor sofocante y la única ayuda con la que cuentan es un rudimentario ventilador, corriendo siempre múltiples peligros por la acumulación de gases en las minas, las cuales estallan a menudo cuando se avanza en algún frente de trabajo.
En lo que respecta a las minas de oro, los precios del precioso metal están superando los de la coca, lo cual hace cada vez más atractivo este negocio para grupos armados ilegales. El senador Jorge Robledo, quien hace poco visitó Caucasia, en Antioquia, denunció la presencia de grupos de guerrillas, paramilitares y bandas emergentes, los cuales están cobrando vacunas a los mineros, ocurriendo que los que salen vivos de las minas pueden perder la vida fuera de ellas.
Es por esto que uno de los grandes retos del Gobierno Nacional es lograr controlar la minería ilegal y artesanal ,en donde miles de personas se juegan la vida todos los días. No obstante la respuesta del Estado a esta problemática es preocupante pues la entidad oficial encargada de la supervisión y fiscalización de minas en el país, Ingeominas, solo cuenta con 16 funcionarios para controlar las miles de minas existentes en el país.
Ya han sido citados en el Congreso el ministro de Minas y la de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial, Beatriz Uribe Botero, para tocar aspectos no solo relacionados con las condiciones de seguridad con la que laboran los trabajadores de las minas, sino también las implicaciones sobre los ingresos que se obtendrán por concepto de regalías, los posibles daños a los ecosistemas, medio ambiente y la biodiversidad en las regiones donde se explotan esos recursos naturales no renovables. Este último es otro filón problemático dentro del sector de la minería, con tantas quejas y demandas por los daños ambientales, la contaminación del agua y el aire, que han provocado afecciones respiratorias y de la piel en personas residentes en sitios cercanos a donde se explota y transporta, por ejemplo, el carbón.
A todo lo anterior hay que agregarle las condiciones de un clima laboral que a menudo suele calentarse, como ocurrió recientemente en la por fortuna sorteada huelga en El Cerrejón.
En fin, el sector de la minería parece estar en el fondo de un profundo socavón. Ojalá que dentro de las modificaciones propuestas por el Ministerio de Minas al Código Minero, las cuales actualmente estudia la Corte Constitucional, surjan las sabias soluciones a tan grandes desafíos del sector minero, la cual, reiteramos, tiene la importancia de ser una de las cinco locomotoras (al lado de la agricultura, la educación, ciencia y tecnología, y la infraestructura) que dentro del enfoque del actual gobierno deben jalonar la economía de nuestro país.
