Desde hoy sábado está previsto que se inicie el retorno de los menores de edad que se encuentran en las filas de las Farc, quienes serán recibidos por Unicef, con apoyo de la Cruz Roja Internacional (CRI), para ser entregados a entidades que serán responsables de su protección por parte del Estado.
Se trata de la primera desmovilización postacuerdo. Se hace con el grupo de combatientes que más sensibilidad produce en el debate humanitario. A pesar de esta innegable condición, el reclutamiento de menores es al mismo tiempo un delito que ha sido invisibilizado como estrategia de ocultamiento de los actores armados, y también por el miedo de las comunidades frente al hostigamiento cotidiano en sus territorios, que les llevó, con los años, a no denunciar.
Otro elemento crucial en la incomprensión de este delito, según el Grupo de Memoria Histórica que sirvió de apoyo técnico a los negociadores, es el discurso que dice que los menores de edad se vinculan voluntariamente a los actores armados ilegales, así como el ocultamiento de los testimonios y estudios que demuestran el carácter forzado que ha tenido esta práctica.
No se tiene certeza del número de menores que ganarán su libertad, pero el Acuerdo Final obliga a las Farc a contarle a la ONU quienes son todos sus combatientes y milicianos que gozarán de los beneficios como desmovilizados.
Hay, sin embargo, un contexto histórico para el proceso que se inicia hoy. Entre 1999 y 2013, el Icbf reportó la atención de 5.156 niños y adolescentes desvinculados de grupos armados. El 17% de ellos fue rescatado por la fuerza pública; el 83% se escaparon voluntariamente. De ellos, el 72% fueron varones y 28% mujeres. Los principales reclutadores, según los testimonios, fueron las Farc, con el 60%; AUC, 20%, y ELN, 15%.
Otros estudios muestran que cinco de cada diez desmovilizados de la guerrilla ingresaron a estas siendo menores. Además, que ingresaban por la proximidad territorial y por representar mano de obra barata; por situaciones de violencia familiar, abandono y orfandad; carencia de educación y empleo, e identificación con modelos guerreros. Los menores resultan ser más influenciables a los procesos militares y de adoctrinamiento, y son percibidos como que no tienen nada que perder (pareja o hijos).
Un conflicto tan extenso y tan degradado como el colombiano contiene todos los factores que internacionalmente son reconocidos de irrespeto a la niñez y adolescencia. Según la Corte Constitucional, existe certeza jurídica sobre el carácter forzado y criminal del reclutamiento, a pesar de su apariencia de voluntariedad.
Luego, la entrega o retorno constituye el comienzo de la corrección de un error histórico. Y, como tal, ante este hito, la labor del Estado es ofrecer garantías para que semejante exabrupto no se repita nunca más. Para lograrlo será crucial que los niños que fueron secuestrados por la violencia puedan encontrar opciones para su desarrollo como individuos lejos de las armas. Su salida de la guerra solo es el punto de partida para el reto más grande: su reintegración como ciudadanos activos de la sociedad. En el éxito o fracaso de este proceso recaerá gran parte de las bases para una verdadera reconciliación nacional, que permita avanzar en la construcción de la paz.
