El ahorro de energía se convirtió ayer en un imperativo para los colombianos, al mismo tiempo que una causa común. Más que recomendaciones y llamados ante el crítico panorama del sistema eléctrico por efecto de la prolongada sequía y los daños en dos plantas generadoras, el Gobierno Nacional anunció ayer una serie de incentivos y sanciones al consumo, con un plan de metas a cumplir y un plazo perentorio: 15 días.
“Que no tengamos cortes de energía depende del esfuerzo que todos hagamos a partir de hoy”, dijo el presidente Santos en una alocución en la que, además de presentar las medidas, anunció la dimisión de Tomás González al cargo de ministro de Minas y Energía, posición que ocupaba desde 2014.
La salida de González supuso un inmediato cambio de discurso frente a la crisis energética. Por primera vez el Gobierno les ha puesto fecha a posibles racionamientos, con lo que reconoce lo cercana que es la probabilidad de su ocurrencia. Expertos del sector, los industriales y la Contraloría General venían lanzando señales de alerta. Por más preocupante que resulte, es un paso en la dirección correcta admitir con claridad la posibilidad del apagón para trabajar en función de evitarlo.
Ahora se han anunciado sanciones concretas. Santos lanzó una “cruzada por el ahorro”. Plantea, entre otras cosas, castigar lo que se ha dado por calificar como “derroche” o “desperdicio”, a saber, aquellos consumos que superen el promedio por usuario. Se podrá estar o no de acuerdo con estas medidas, y evidentemente quedan sobre el tapete aspectos que precisar, pero lo más importante –al mismo tiempo que lamentable– es que se trata de medidas necesarias e inaplazables, dada la coyuntura.
En el momento más crítico, ante el recrudecimiento del Fenómeno de El Niño, la salida del ministro que llevaba las riendas del sector energético envía varios mensajes. Más allá de que, según el Presidente, González haya aceptado su responsabilidad en “las tardías medidas en las políticas de ahorro que tienen al país ad portas de un apagón”, al tratarse de un tema tan prioritario quizá su gestión se debió monitorear con mayor rigor.
Sin duda, fueron muchos los esfuerzos liderados por González al frente de la cartera para garantizar la sostenibilidad eléctrica ante una prueba de fuego como no había vivido el país desde hace muchos años. Y lo cierto es que su renuncia también se vio presionada por la investigación disciplinaria que le abrió la Procuraduría General por un aparente conflicto de intereses, por contratos por $6.000 millones firmados entre el Fondo de Programas Especiales para la Paz y una empresa que preside su esposa.
Vale la pena, sin embargo, reflexionar sobre por qué el país está al borde de revivir un drama que creía superado hace más de 24 años. Al parecer las lecciones que dejó el apagón de 1992 no fueron suficientes; como tampoco parece haberlo sido el Cargo de Confiabilidad que se empezó a cobrar para evitar otro apagón, y los $18 billones que se han recaudado por cuenta de este. El sistema arrastra males que sería ingenuo endosarle a un solo funcionario, pero es evidente que no se tomaron las decisiones más acertadas para corregir el rumbo a tiempo. Los usuarios ya han tenido que pagar bastante, con alzas consuetudinarias, en parte para sustentar la operación de las plantas térmicas que entraron a suplir a las hidroeléctricas, agobiadas por los embalses secos.
Ojalá no sea demasiado tarde. Cabe preguntarse si el apagón se habría podido evitar con mucha más contundencia, y menos urgencia, si el timonazo del sector hubiera llegado antes.
Los ciudadanos y la industria vienen haciendo ya grandes esfuerzos, y no queda más camino que emprender muchos más, con mayor juicio, conciencia y responsabilidad. En estos momentos es una tarea de país, y está en marcha el conteo regresivo para cumplirla.
