El 9 de septiembre pasado, en el debate que convocaron los senadores Claudia López y Antonio Navarro sobre educación, al abordar el tema de la educación superior, López dijo una frase en la cual debemos situar la crisis por la que atraviesa la Universidad San Martín desde hace varios meses: que la educación superior en Colombia tiene desafíos no solo de calidad, cobertura y financiación, sino “desafíos de corrupción”.
Se refería al hecho de que en Colombia más de 500 mil jóvenes estudian en universidades que la senadora no dudó en calificar de “perratas y de la peor calidad”. Citó, a modo de ilustración, el caso de la San Martín, fundada en 1981 por el señor Mariano Alvear, a quien se le señala como principal responsable de la crisis financiera de la institución por el presunto desvío de miles de millones de pesos, provenientes de las matrículas de los estudiantes, hacia una serie de actividades lucrativas en provecho de los dueños de esta universidad.
El tema le estalló en la cara al país, pero desde hace varios años se venía hablando de las universidades de garaje, surgidas por las laxitudes del Ministerio de Educación. De modo que lo que estamos presenciando es la consecuencia de no haber evitado que surgieran ese tipo de universidades que la senadora ha calificado sin ambages como “estafaderos”.
El hecho es que, entre 2002 y 2014, creció la cobertura universitaria al pasar la matrícula de 941.000 a 2.109.000, pero se han incrementado los centros universitarios que prestan un mal servicio y se han convertido en una fachada para el enriquecimiento ilícito de unos cuantos embaucadores.
La senadora López ha pedido que a los propietarios de la San Martín se les abra investigación por los delitos de estafa, abuso de confianza y enriquecimiento ilícito. Y también ha solicitado a la ministra Gina Parody que les ponga la lupa a otras instituciones en riesgo, como la Universidad Cooperativa de Colombia, la Universidad Manuela Beltrán, la Universidad Abierta y a Distancia y la Fundación Los Libertadores. Estas universidades son, a su juicio, “pequeñas DMG que captan recursos del público, no los invierten en la educación, y esos dineros terminan en los bolsillos de los dueños o los desvían a otros fondos y se roban la plata de la gente.”
La Universidad San Martín, siempre según el contundente relato de la senadora, derivó en “un centro de enriquecimiento ilícito. Su dueño, Mariano Alvear, hizo una camarilla con sus familiares y testaferros y creó tres fondos distintos que descubrimos. Ellos captaban los dineros de las matrículas con la promesa de que iban a invertir en la calidad de la educación y no hicieron nada de eso. Desviaron los dineros a los bolsillos de los dueños y crearon sociedades o fondos que no tienen nada que ver con la universidad. En esos tres fondos descubrimos que había 87.000 millones de pesos en patrimonio”.
Según lo anunciado por la ministra Parody, las medidas en relación con la San Martín consisten básicamente en la constitución de una fiducia adonde vayan las matrículas, la prohibición de nuevas matrículas y la creación de un equipo para vigilar la operación administrativa, financiera y académica de la institución.
En este caso surgen como mínimo dos interrogantes. El más importante es que por qué la Administración tardó tanto tiempo en reaccionar ante una debacle anunciada. La actuación de Parody ha sido encomiable, pero, ¿por qué sus antecesores se cruzaron de brazos? Otra pregunta es si la Administración meterá finalmente en cintura a tantas universidades ‘de garaje’ que operan en el país.
