El proyecto de ley que el Gobierno nacional acaba de radicar ante el Congreso de la República para actualizar el Código de Policía es un compendio estricto de normas que busca combatir las malas prácticas ciudadanas, en todas sus formas y escenarios.
Con la iniciativa intenta actualizar una regulación de más de 40 años, que había quedado desfasada frente a las violaciones y las mismas tendencias de ciudad. De hecho, algunas multas no pasaban de mil pesos.
En la relación prácticamente no queda ninguna contravención por cubrir. Ahí se incluye, por ejemplo, molestias a los vecinos, irrespeto a las sillas numeradas en los estadios, lanzamiento de agua en celebraciones callejeras, insultos a otros ciudadanos, espionaje de la correspondencia de la pareja, relaciones sexuales en sitios públicos, consumo de marihuana en la calle o llamadas de alarma falsa a los organismos de socorro.
Una vez aprobada y sancionada la ley, los vendedores ambulantes no podrán ingresar a los buses ni los pasajeros ingresar en estado de embriaguez.
Habrá multas que van desde una amonestación en público hasta cárcel por varias horas y multas de 600 mil pesos.
El proyecto, sin embargo, pone los comportamientos ciudadanos en una perspectiva legal. El temor ante la ley es, en efecto, una de las opciones de regulación a las que apela el Estado para persuadir a sus ciudadanos a morigerar sus actuaciones en su entorno urbano.
Las otras dimensiones son la social, que somete esas mismas actitudes al control de los otros ciudadanos, y la moral, que ahora les endilga a los propios individuos la responsabilidad de preservar su ecosistema urbano.
La literatura sobre cultura ciudadana indica que un nivel no es más importante que otro. Es más: para conseguir los propósitos actitudinales que, al fin de cuentas, se convierte en el propósito central de los programas que la desarrolla, se deben integrar los tres.
Está bien, pues, que pensemos en actualizar el Código de Policía. Mejor aún, que se incluyan nuevas infracciones que, a todas luces, son atentatorias de la moral pública y la coexistencia. Se trata de la primera gran acción del Ejecutivo en procura de la reglamentación de la sociedad del postconflicto, que se desprenderá del proceso de paz que se adelanta en La Habana.
Pero el gran propósito no se consigue solo con una ley. Es necesario que la sociedad se comprometa a regular a sus habitantes y que estos mismos adquieran compromisos de respeto y consideración con su entorno.
Para que haya una auténtica cultura ciudadana en Colombia se requieren programas integrales que, a la par con la implementación de las normas policiales, procuren acuerdos y manuales que reglen la convivencia de los colombianos.
En eso tienen que empezar a trabajar los gobiernos, gremios y habitantes de las ciudades.
