El minucioso informe publicado el domingo por este periódico acerca de unos casos de intoxicación por plomo en Malambo –uno de ellos con resultado de muerte– debería provocar una reacción contundente por parte de las autoridades concernidas.
La autora de la información acudió al municipio atlanticense para desentrañar el caso de tres niños de Malambo que se encuentran hospitalizados desde hace una semana en una clínica de Barranquilla con síntomas de intoxicación por plomo.
Los niños, hermanos entre sí, forman parte de un registro de 174 afectados por la exposición a ese metal pesado que hizo en un junio la Secretaría de Salud del Atlántico y que llevó a la Alcaldía de Malambo a ordenar el cese de actividades de cinco empresas de fundición de plomo que operaban en el municipio.
La investigación periodística condujo a otro caso, el de un niño de 12 años llamado Brayan Rafael Miranda, que falleció en diciembre de 2012 y cuya historia clínica, sospechosamente, no reposa en los archivos del Hospital Local de Malambo, donde fue atendido. Se da la circunstancia de que los tres hermanitos hospitalizados la semana pasada viven –como lo hacía el malogrado Brayan– en inmediaciones del terreno donde ha venido operando una de las cinco empresas de fundición a las que se les ordenó el cese de actividades. Tanto los padres de los menores afectados como varios vecinos más de la zona aseguraron que dicha empresa, Reciclal, ha seguido operando con el procesamiento del metal pesado.
El alcalde de Malambo, Víctor Escorcia, manifestó ayer a EL HERALDO, en referencia al caso de Brayan, que “están tratando de esconder evidencias de que murió por intoxicación de plomo”. Se trata, sin duda, de una gravísima acusación sobre la cual el mandatario debería ofrecer más detalles e, incluso, pedir la intervención judicial.
Por otra parte, y a raíz de la publicación del informe en este diario, la Secretaría de Gobierno de Malambo ordenó ayer una inspección de las empresas de fundición que en teoría ya no tienen autorización para trabajar con plomo. Pero dicha inspección se realizó en horas diurnas (los vecinos señalan que tres de ellas siguen funcionando de noche) y no incluyó justamente a Reciclal, porque, según la Secretaría de Gobierno, el celador del terreno no permitió la entrada. Llama la atención que las autoridades no hayan tomado las medidas pertinentes para acceder al lugar.
Sería conveniente que las autoridades, con el gobernador del Atlántico a la cabeza, tomaran cartas en este grave asunto de salud pública. Hay que investigar si algunas de las empresas de fundición siguen, en efecto, operando y, en caso de que hayan suspendido su actividad con plomo, establecer el grado de contaminación ambiental que haya quedado. Y, por supuesto, es inaplazable resolver el misterio del historial clínico de Brayan Miranda, porque resulta inadmisible que una familia no pueda acceder a tal documento.
