Desde el lunes pasado, y hasta el domingo próximo, se desarrolla en todo el país un proceso de inscripción automatizada de cédulas para que los nuevos portadores del documento o aquellos que por algún motivo hayan cambiado de domicilio puedan votar en las elecciones al Congreso y a la Presidencia de la República del año próximo. En el departamento del Atlántico se han dispuesto 226 puestos de inscripción, 101 de ellos en Barranquilla.
Este proceso tiene la singularidad de que se lleva a cabo mediante la utilización de tecnología biométrica, que permite un mejor control de la identidad del elector. A partir del domingo continuará, en las oficinas de la Registraduría, el proceso ordinario de inscripción que comenzó el 9 de marzo y que se prolongará hasta el 9 de enero de 2014.
Llama la atención el escaso esfuerzo pedagógico que está desarrollando la Registraduría para explicar a los ciudadanos la importancia que tiene este trámite para la mejora de la calidad de la democracia. Esa actitud pasiva de la institución pública viene como anillo al dedo a políticos inescrupulosos a los que poco interesa que se estimule el ejercicio del voto, por la sencilla razón de que ellos ya tienen bien dispuesta y engrasada la base electoral que les asegurará su cuota en el Senado o en la Cámara.
Pese a que existen motivos más que sobrados para desconfiar de la acción política en Colombia, los ciudadanos deben tomar plena conciencia de que en sus manos está cambiar el orden de las cosas. En ese sentido, resulta determinante que, aquellos que aún no se hayan zonificado para votar, lo hagan dentro del plazo establecido y –muy importante– en libertad, de la manera que mejor se ajuste a sus necesidades: cerca de sus casas, de sus puestos de trabajo, etc., de modo que el día de los comicios no tengan mayores obstáculos para ejercer el derecho de voto.
Desde tiempos inmemoriales, los políticos corruptos intentan pervertir el proceso de zonificación mediante lo que en el argot electoral se conoce con el nombre de trashumancia. Esta consiste en llevar a votantes cautivos desde sus barrios de residencia a otros sectores controlados por el aparato político, para inscribirlos allí y poderlos supervisar con más eficacia en el momento del voto. La trashumancia también incluye el traslado de electores de un departamento a otro con el fin de reforzar el voto a la Cámara, cuyos escaños se disputan por circunscripciones departamentales.
En el departamento del Atlántico hay 1.668.660 personas con derecho a voto. Resulta casi imposible saber cuántos de ellos eligieron en su día con libertad su zona de votación y cuántos lo hicieron por instrucciones políticas. Desde marzo pasado, cuando comenzó el proceso de inscripción, se han registrado, hasta el lunes, unas 84.000 personas. La cifra es mucho menor que las 257.422 que se inscribieron en las elecciones municipales de 2011, en las que salieron a la luz numerosos escándalos de trashumancia.
Cabe esperar que, esta vez, las inscripciones se estén desarrollando en libertad, sin intenciones fraudulentas. Es la única manera de avanzar hacia una democracia de calidad y de ciudadanos libres.
