El Impuesto al Valor Agregado, IVA, lleva 55 años siendo la columna vertebral del sistema tributario colombiano: es el gravamen más fácil de recaudar, pero a la vez el más injusto para los consumidores, especialmente, para los más vulnerables. De ahí que cada reforma tributaria, de esas que se dan con una media de cada 24 meses, venga acompañada de una polémica sobre la posible alza de este tributo.
La próxima no será una tributaria, sino una ley de financiamiento que busca los $14 billones que le faltan al Presupuesto de 2019, pero también contemplará un cambio en la tarifa del IVA de 19%, en concreto, la propuesta de extender este tributo a todos los productos de la canasta familiar que hoy en día están exentos como el huevo, la leche, la carne o el pescado; excluidos como el arroz, las frutas o el gas; o que se benefician de una tarifa diferencial de 5% como el café, las harinas o las carnes frías.
De acuerdo con un documento del Ministerio de Hacienda puesto a disposición de los congresistas hace unas semanas, de darse una tarifa estable en 19% con ampliación de la base, las arcas públicas ganarían de golpe hasta $15,3 billones en 2019, cifra que se podría elevar hasta $18,3 billones para 2022.
Sin embargo, la posible exoneración de todos los bienes de la canasta familiar pareció no haber convencido en un primer momento ni a los propios congresistas que son quienes deberán dar su apoyo al proyecto del presidente Iván Duque en el Legislativo. Y es que hasta los propios partidos de la coalición de Gobierno como el CD, el Conservador o La U mostraron su rechazo ante la iniciativa.
