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El POT contempla unas proyecciones del recaudo de la ciudad con crecimientos reales muy fuertes, lo que debe revisarse para darle una viabilidad más sólida al plan.
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Economía

¿Cómo será financiado el POT?

Aunque la Alcaldía describe siete tipos de instrumentos aplicables para obtener recursos de financiación a su propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial, las proyecciones deben ser lo más realistas posibles.

Si bien la propuesta de Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Barranquilla que la Alcaldía presentó a la ciudadanía el año pasado fue revisada y ajustada antes de radicarla en el Concejo Distrital, el documento definitivo mantiene aspectos que preocupan y que podrían ser aprobados por decreto si se superan los 60 días que tiene el Concejo para dar su respuesta.

Con el propósito de contribuir al debate y comprensión de la que sería una de las principales cartas de navegación más importantes para el desarrollo de la ciudad, un equipo interdisciplinar de Uninorte hizo un análisis a la propuesta definitiva de POT que fue presentada al Concejo, luego de haber realizado en septiembre de 2013 la revisión al documento que fue propuesto por la Alcaldía Distrital para su socialización en la comunidad.

Los resultados de este segundo análisis fueron enviados al Concejo y la Alcaldía, y serán publicados en el Informativo Un Norte, publicación institucional de la Universidad del Norte, que circula el día de mañana con El Heraldo, y en la página web de la Universidad para la consulta de todos los ciudadanos. A continuación presentamos algunos aspectos que desde el punto de vista económico vale la pena destacar del informe de Uninorte.

Financiación del POT en duda. La propuesta de la Alcaldía describe siete tipos de instrumentos aplicables para obtener recursos para el desarrollo del POT. Estos van desde compensaciones hasta instrumentos tributarios vinculados a la gestión del desarrollo territorial.

Desde el modelo urbanístico propuesto en el POT, y considerando las actividades económicas, el crecimiento del PIB y otras variables, la Secretaría de Hacienda realizó una proyección de recaudo de los impuestos locales que parece sobreestimada.

Para Jairo Parada, miembro del equipo investigador de Uninorte y profesor del IEEC, el problema reside en que la proyección estima que, a precios constantes, habrá un crecimiento de los ingresos tributarios de 10% anual. Lo cual es exagerado por cuanto se basa en el crecimiento de los últimos años, donde hubo re-avalúos. Cuando estos no se presentan el crecimiento es modesto (en torno a 4-6% anual).

De este modo no hay garantías de que el distrito tenga la capacidad financiera para recaudar al menos la mitad de los ingresos propuestos para financiar un POT que requiere inversiones por $15,8 billones. Y aunque gran parte de los recursos lógicamente implican gestión ante el gobierno nacional, el componente local debe estar basado en proyecciones lo más realistas posibles para evitar convertirlo en un catálogo de buenas intenciones.

El informe de Uninorte sugiere desglosar con cuidado los excedentes anuales de caja que la ciudad debería lograr para garantizar recursos para las inversiones del POT, teniendo en cuenta las continuas vigencias futuras aprobadas en la pasada y presente administración, así como los impactos de los pasivos pensionales y la dinámica de los pasivos corrientes y contingentes.

Para espacio público, la propuesta de POT tiene una visión limitada para los próximos 20 años en la ciudad.

Poco espacio público. El POT establece que las zonas de alto riesgo serán utilizadas como parques, aunque este proceso requiere la reubicación de pobladores de las zonas y el impedimento a la construcción. Además, estos procesos son costosos y necesitan de la intervención nacional, puesto que esta es la responsable.

Por otra parte, según los investigadores de Uninorte, la meta establecida en el POT de incrementar el indicador de espacio público de 0,86 m2 por habitante en 2012 a 6,4 m2 en 2032, es poco ambiciosas. De hecho el indicador nacional sugerido por el Decreto 1504 de 1998, es de 15 m2, de modo que alcanzar esta cifra no refleja un esfuerzo de transformación de la ciudad hacia modelos de desarrollo urbano sostenible.

Además, añadir entre 7,5 y 8,5 millones de m2 de espacio público en la ciudad, implica fuertes inversiones en proyectos que el plan no explica, y requiere el cambio en la dinámica de construcción, que hasta ahora ha sido desordenada y, por tanto, entregada a intereses del constructor.

En este sentido, la creación del Fondo de Espacio Público, el cual establece el cobro de cargas sobre la actividad de construcción es importante. Parada afirma que la ciudad debe estar en capacidad de imponer ese cargo, sea en forma de dinero hacia el fondo o en inversiones sociales (viviendas de interés social, entrega de parques en zonas aledañas a la construcción).

Difícil de definir
En el aspecto de gestión de riesgos, la facultad de modificar las zonas de riesgo por parte de la Administración, nuevamente es fuertemente cuestionada por Uninorte, por cuanto esta atribución no está consignada en la Ley 1523 de 2012.

Dado que los reportes cartográficos fallan en precisar entre las zonas en riesgo mitigable y alto riesgo, es difícil definir los suelos correspondientes. En este sentido, según Parada, además de fortalecer los aspectos cartográficos, se debe establecer una cláusula de prohibición frontal a la construcción en zonas de alto riesgo (como Campo Alegre) y definir las condiciones de construcción en las zonas de riesgo mitigable. Cabe anotar que estas construcciones en estas zonas serían, por aspectos técnicos propios, más costosas.

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