Por tres meses fue suspendida de manera provisional la secretaria de Educación Departamental, Paula Andrea Morales Soto, quien resultó inmersa en una investigación disciplinaria de la Procuraduría General de la Nación, por presuntas irregularidades en el pago de cesantías a docentes durante la vigencia 2019.

La investigación iniciada por el ente de control se produjo tras una denuncia anónima presentada al despacho de la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, quien notificó al ente de control con relación a la queja que indicaba el cobro irregular de cesantías a través de la mencionada Secretaría.

Dentro de las consideraciones de la Procuraduría se hace referencia a la visita realizada a finales de agosto de este año, cuando se requirieron los soportes legales de dicho retiro y los actos administrativos donde se detectó una presunta falsedad en los documentos aportados para el cobro de los dineros de cesantías, cuyo monto no ha sido establecido por las autoridades.

Según el reporte presentado por el ente de control, los documentos contendrían información falsificada especialmente en el tema de los certificados de libertad y tradición donde se detectaron matrículas inmobiliarias diferentes a las de los solicitantes, promesas de compraventas suscritas con varios docentes sobre el mismo lote de terreno, e incluso firmas sospechosas de algunos notarios.

La Procuraduría indicó que luego de la visita realizada en el mes de agosto, la secretaria de Educación, Paula Andrea Morales emitió un informe denunciando las presuntas irregularidades, sin embargo, a consideración de los investigadores, habría omitido información clara sobre los presuntos hechos que denunciaba.

Para el ente de control disciplinario, Morales Soto debe responder por presuntamente haber omitido el deber de vigilancia sobre las funciones que le correspondían como encargada de la cartera de Educación.

“Se consideró además que fue ineficaz e inadecuada la verificación del cumplimiento de los requisitos a docentes que no reunían las condiciones exigidas por ley”, señaló la Procuraduría en el auto de apertura de investigación y orden de  suspensión.

Hasta el momento no se ha revelado el monto del dinero del erario que habría sido cobrado mediante las presuntas irregularidades.

Las consideraciones de la Procuraduría

La separación provisional del cargo impuesta sobre Paula Morales fue sustentada por la Procuraduría como una forma de evitar que la funcionaria pueda interferir en la investigación que se realiza o que continúen realizándose este tipo de prácticas indebidas.

“Referente a la copia de los distintos actos administrativos expedidos para el pago de cesantías a los docentes, que aparece suministrado a este órgano de investigación, se puede indicar que no se dio cumplimiento al compromiso que servía para aclarar las dudas de la Procuraduría sobre los hechos objeto de la investigación”, indica el informe sancionatorio.

La omisión de información fue considerada por los investigadores como una obstrucción a esta investigación en la medida que “se ha buscado ocultar elementos esenciales probatorios”, señala en documento.

Para el proceso investigativo fue comisionado el abogado Leandro Alberto Sampayo Vergara, adscrito a la Procuraduría Regional de Córdoba, quien se encargará de liderar las visitas a la Secretaría de Educación Departamental.

Además se solicitará a la Gobernación que envíe copias de las acciones adelantadas frente a las irregularidades detectadas y se escuchará bajo la gravedad de juramento a docentes beneficiarios del pago de cesantías y a los miembros de la Oficina Jurídica de la Gobernación de Córdoba para que expliquen cómo fue su proceder al respecto.

“Actuamos de conformidad a la orden de la Procuraduría”

Entre tanto la gobernadora de Córdoba, Sandra Patricia Devia Ruiz, informó que una vez fue notificada sobre la decisión de la Procuraduría General de la Nación, de inmediato acató la orden y separó del cargo a Morales Soto.

“Nosotros acatamos y respetamos las decisiones de la Procuraduría y en ese sentido simplemente nos corresponde proceder de conformidad”, sostuvo la mandataria, quien además hizo referencia a las medidas adoptadas tras la suspensión.

“Establecimos de inmediato un procedimiento de control dentro de la Secretaría de Educación, algo que nosotros ya lo habíamos pedido y lo vamos a reiterar. De igual manera, tras la decisión de la Procuraduría se realizó un Consejo de Gobierno con todos los secretarios de la Gobernación de Córdoba para adoptar los correctivos que nos corresponden”, indicó Devia Ruiz.

En reemplazo de Morales Soto, la Gobernadora nombró a Ernesto Vergara como nuevo secretario de Educación (e), quien venía desempeñándose como secretario de Competitividad y Cooperación Internacional en la Gobernación de Córdoba.

Secretaria Morales se declaró asombrada

Entre tanto, la suspendida Paula Morales, emitió un comunicado a la opinión pública en el que sostiene hará uso de su defensa, y al mismo tiempo confiesa sentirse asombrada por la medida preventiva, pues según su versión, las irregularidades fueron denunciadas por ella misma ante la Fiscalía.

Morales Soto agregó que las supuestas irregularidades con los procesos para cobros o beneficios de cesantías fueron notados por ella al momento de revisar algunos documentos que reposaban en su oficina.

“Ante esta situación yo convoqué para el día 29 de agosto, una reunión con todos los funcionarios de la oficina que atiende estos asuntos en mención. Como resultado inmediato expedí la resolución N° 2570 a través de la cual se restablece el procedimiento y los requisitos para el pago de cesantías”, puntualizó Morales.