Los 30 alcaldes de Córdoba tienen un mes de plazo para hacer un inventario de las obras construidas en los cuerpos de agua y ecosistemas de esta región, sin ningún permiso ambiental, y destruirlas con maquinaria pesada en máximo tres meses, con seguimiento de la Agencia Nacional de Tierras, la Procuraduría Agraria, la Defensoría del Pueblo y de organizaciones sociales.
Así lo estableció la resolución 23603 de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge (CVS) a través de un plan de acción que se convierte en otra de las normas existentes para que los entes territoriales ‘afilen’ sus colmillos jurídicos y no permitan que algunos finqueros y ganaderos se sigan robando los humedales, además de recuperar lo que le han quitado al ecosistema.
En Córdoba, de acuerdo con un estudio de la Fundación del Sinú, perteneciente a la Universidad del Sinú, se han perdido en las últimas cuatro décadas cerca de 70.000 hectáreas de humedales de unas 140.000 que existían, entre ciénagas, charcos, riberas de ríos y caños. A ello se suman las 26.0000 hectáreas que aproximadamente ha perdido la ciénaga Grande del Bajo Sinú.
