Desde muy temprano este domingo se inició en la zona rural de Montelíbano, en la subregión del San Jorge, un consejo de seguridad presidido por el gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora, en aras de analizar la situación de orden público que se registra en el sur del departamento, donde en las primeras dos semanas del año 2020 han sido asesinados dos líderes sociales.

La reunión entre las autoridades se llevó a cabo en el corregimiento de San Francisco del Rayo, en zona rural del mencionado municipio, donde el pasado lunes fue asesinado el presidente de la Junta de Acción Comunal, Jorge Betancourt Ortega.

El gobernador Benítez Mora  indicó que “llegamos al corregimiento San Francisco del Rayo, en zona rural de Montelíbano, a hacer presencia institucional como Gobernación de Córdoba, para llevar ese mensaje de paz y reconciliación para todos los cordobeses”.

Al estar frente a las poblaciones afectadas por el accionar de los grupos armados ilegales, el mandatario departamental indicó “conozco la situación de violencia que sufren porque también la he padecido. Por eso, tenemos en esta ocasión que fijar los ojos desde la Gobernación, en el sur de Córdoba y elevar la voz ante el Gobierno Nacional, para avanzar en mitigar ese rezago social”.

Cabe recordar que igual que centenares de personas del sur del departamento, el gobernador Orlando Benítez es víctima de la violencia, luego de que  su padre, el entonces diputado de Córdoba Orlando Benítez Palencia, fue asesinado el 10 de abril del 2005, en la carretera que comunica a Tierralta con Montería, por las Autodefensas Unidas de Colombia.

Junto al padre del hoy Gobernador, fue acribillada una hermana suya que lo acompañaba: Lirys Benítez. También, el conductor que los transportaba: Francisco Martínez Mestra. El día de la masacre las víctimas regresaban desde Valencia, después de una reunión política.

“Queremos mandar a los habitantes de San Francisco de Rayo y del sur de Córdoba, un mensaje institucional y ejercer la soberanía como Gobernación en compañía de la fuerza pública, de los diputados Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo.  Vamos a trabajar sin cesar por defender cada centímetro de nuestro territorio y proteger cada peso del presupuesto para llevarlo a cada rincón más urgido de esa atención social”, puntualizó el gobernador Orlando Benítez.

 De igual manera, para este lunes a las 9:00 de la mañana está programado el Encuentro de Paz y Planeación Territorial en los municipios de Tierralta y Valencia, del Alto Sinú, al sur del departamento de Córdoba.

En la reunión se tratarán temas relacionados con las oportunidades, el bienestar y la seguridad, especialmente las garantías de protección para líderes sociales.

Las autoridades tienen un reporte de alrededor de 243 líderes sociales amenazados en Córdoba, sin embargo, donde dos de ellos han sido asesinados en los primeros días de este 2020.

La situación de inseguridad de los líderes en los territorios ha sido criticada por los organismos defensores de derechos humanos, pues consideran que a pesar de la presencia de tropas militares y policiales, enmarcadas en la operación Aquiles, aún siguen ocurriendo muertes sin que se capturen a los responsables como ha pasado con las muertes de líderes y lideresas como María del Pilar Hurtado, entro otros.

Desde el año 2016, año en que se firmaron los Acuerdos de Paz en La Habana con la guerrilla de las Farc, los grupos disidentes en Córdoba han cobrado la vida de alrededor de 40 líderes sociales, incluyendo al líder social Luis Darío Rodríguez Narváez, registrado en zona rural del municipio de Tierralta, la tarde de este viernes 17.

Rodríguez Narváez era miembro de la Asociación Unión de Familias Desplazadas y Vulnerables de Tierralta ‘Ufadesvul’, e integrante de la Red de Derechos Humanos del Sur de Córdoba.

Voceros de la Fundación Social Cordoberxia informaron que “actualmente Luis Rodríguez adelantaba procesos de reivindicación de derechos en requisición de tierras para familias reasentadas en el marco de la inundación de las tierras del Alto Sinú por la hidroeléctrica Urrá 1. Como activista de la ‘Ufadesvul’, Rodríguez recientemente había solicitado a la Procuraduría General de la Nación, a la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones del Estado, la tenencia y propiedad de las tierras denominadas como ‘Nueva Colonia’, para garantizar la soberanía alimentaria y la reparación a los hijos e hijas de los reasentados por la hidroeléctrica Urrá 1”.