Emiten nuevas condenas por ‘carrusel de pensiones’ en Córdoba
Jueces, abogados y funcionarios de la educación han sido vinculados al fraude que permitió el desvío irregular de más de $60 mil millones.
Luego de casi una década de audiencias y diligencias judiciales, la Fiscalía logró la condena a 21 años de prisión en contra de los abogados Heliodoro Alfredo Agámez Pineda y su hijo Alfredo José Agámez Vanegas, quienes fueron hallados responsables de la falsificación de documentos que, en su caso, permitieron el desvío de más de $20 mil millones de pesos del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio, en el denominado ‘Carrusel de Pensiones’ en Córdoba.
Por estos mismos hechos ya había sido procesado el exjuez promiscuo del circuito de Planeta Rica, Ángel Darío Aycardi Galeano, a 12 años de cárcel, tras acogerse a sentencia anticipada por los delitos de falsedad material en documento público y privado, falsedad ideológica en documento público, prevaricato por acción y peculado por apropiación en favor de terceros, toda vez que ordenó el pago de más de $64 mil millones de pesos del Fondo Nacional del Magisterio, valiéndose de demandas ejecutivas irregulares.
La decisión en contra de los abogados Agámez fue dada a conocer este lunes 17 de enero por parte del director de la Dirección Especializada contra la Corrupción, Eduar Alirio Calderón, quien sostuvo que Heliodoro y Alfredo Agámez participaron en el reconocimiento ilegal de 198 ajustes pensionales, que generaron un detrimento patrimonial de $20.991 millones de pesos al Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio del Ministerio de Educación Nacional y a la Fiduciaria La Previsora.
“Entre 2010 y 2011, los sentenciados acudieron a un juez de Planeta Rica para que fallara a favor de sus representados y ordenara el pago de $64.925 millones de pesos en pensiones. Para garantizar el desembolso de los recursos, las decisiones judiciales dispusieron el embargo de las cuentas corrientes de la Fiduprevisora y el Ministerio de Educación Nacional, una actuación contraria a la ley”, indicó el funcionario judicial.
Los Agámez, padre e hijo, tendrán que responder por los delitos de peculado por apropiación agravada y tentativa de peculado por apropiación agravada.
Del entramado criminal hicieron parte docentes que prestaron sus servicios en la Secretaría de Educación de Córdoba, abogados, jueces y funcionarios, por lo que inicialmente las autoridades vincularon a unas 22 personas que habrían participado del fraudulento entramado.
Además de las personas en mención, en su momento fueron relacionados al proceso el secretario del juez promiscuo del circuito de Planeta Rica, Germán Agustín Albarino Otero, y el abogado Jaime Agámez Pineda, quien murió por causas naturales durante el proceso.
El año pasado el Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena a 260 y 225 meses de prisión contra los abogados Álvaro Antonio Narváez Llorente y Albeiro Ramón Mangones Figueroa, respectivamente. También el exsecretario de Educación de Lorica, Alberto Ávila Sánchez, quien afronta una pena de 40 años.
Cabe recordar que el ilícito fue revelado para el año 2013, cuando unos 15 docentes de Córdoba descubrieron que aparecían en el reporte de pagos de una suma cercana a los $4 mil millones de pesos tras el fallo de un juzgado de Lorica, dineros que nunca habían recibido. A raíz de esa situación instauraron la correspondiente denuncia en la Fiscalía y de allí se inició la investigación que hoy tiene tras las rejas a 12 abogados y a un juez de Córdoba.
En ese mismo año los abogados fueron capturados Heliodoro y Alfredo Agámez, pero posteriormente quedaron en libertad por vencimiento de términos, por lo que se dieron a la fuga en el proceso hasta que se entregaron unos siete años después, cuando avanzaba el proceso por el cual fueron condenados recientemente.
En este desfalco al erario público los hermanos Agámez Pineda son los que aparecen con mayor número de denuncias; mientras que los juristas Óscar Luis Vidal Arrieta y Luz Helena Polo fueron conminados a devolver unos $13 mil millones de pesos, luego de instaurar 37 procesos de reclamación en el juzgado de Planeta Rica.
