Movilización campesina para exigir avances en los acuerdos de paz en Córdoba
Los marchantes conformaron un refugio humanitario para esperar una respuesta por parte del Gobierno nacional.
Luego de una marcha pacífica por las principales calles del municipio de Tierralta, sur de Córdoba, los campesinos conformaron un campamento humanitario a la espera de una mesa técnica con el Gobierno nacional, que iniciaría este jueves 27 de enero, en aras de definir la continuidad del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso ilícito, Pnis, en este departamento.
Cervelión José Cogollo Acevedo, representante legal de la Asociación Campesina para el Desarrollo del Alto Sinú, Asodecas, aseguró que permanecerán instalados en el sector conocido como La Apartada de Valencia.
“Estamos movilizándonos un total de 4 organizaciones y 90 juntas de acción comunal que conforman más de 4.300 campesinos y no nos levantaremos de nuestro refugio hasta que el Gobierno nos solucione la problemática de la implementación del acuerdo de paz”, indicó el líder comunal.
Una de las exigencias de los manifestantes tiene que ver con la implementación del proceso de paz y la legalización de la tenencia de la tierra por parte de los campesinos.
“Vamos a estar concentrados en La Apartada de Valencia hasta el día 27 esperando una respuesta positiva desde el Gobierno ya que por medio de la institucionalidad tuvieron la voluntad de convocar esta mesa técnica”, aseguró.
De momento los campesinos no piensan bloquear vías, pero aseguran que la tranquilidad del municipio depende de la respuesta que les brinde el Gobierno nacional.
“Nos encontramos movilizando para exigir el cumplimiento del Gobierno nacional frente al proceso de paz, más específico en el punto 4, que tiene que ver con los proyectos de sustitución de cultivos ilícitos y al punto 1, donde se le soluciona el tema de la tierra a los campesinos”, agregó.
En el departamento de Córdoba actualmente se atienden 6.376 familias, de las cuales 5.257 son cultivadoras, 661 no cultivadoras y 458 son recolectoras en zonas veredales de los municipios de Montelíbano, Puerto Libertador, San José de Uré y Tierralta.
Cabe recordar que en su reciente visita a Córdoba el director de Sustitución de Cultivos ilícitos de la Agencia de Renovación del Territorio, ART, Hernando Londoño Acosta, dijo que si bien podría haber interés en los grupos al margen de la ley para evitar que se verifique la siembra de hoja de coca, habría otros sectores tomando el Pnis como una plataforma para llegar a puestos de elección popular.
“Fue anunciada una manifestación y movilización en Tierralta con el argumento del incumplimiento del programa en Córdoba, pero no se está incumpliendo y el Gobierno del presidente Iván Duque ha dicho que le va a cumplir a las 100 mil familias a nivel nacional en el marco de la política de paz con legalidad, eso equivale a unos 400 mil colombianos”, dijo.
Agregó que se destinaron “unos costos superiores a los $3.6 billones de pesos de los cuales este Gobierno ya ha entregado $2.2 billones de pesos a estas familias, ese presupuesto es tan significativo como decir que en Tierralta ya aprobamos inversiones por más de $53 mil millones de pesos a la fecha, recursos que en ese municipio se tardarían más de 25 años en llevarse a esas familias”.
Para el caso del departamento de Córdoba se han hecho inversiones de $103 millones de pesos y actualmente está en trámite una licitación que será adjudicada por $49 mil millones de pesos adicionales, lo que llevaría a más de $152 millones de pesos las inversiones.
“Lo que hay que tener claro es que el Pnis cuando se diseñó no tuvo en cuenta que las familias que cultivaban coca estaban en el Parque Nudo de Paramillo o que estaban en zonas de reserva forestal de la ley segunda y entonces cuando usted quiere implementar proyectos productivos en un parque natural tiene que cumplir con los requisitos establecidos, es decir, nosotros no podemos implementar proyectos de ganadería, porque la ley nos dice que allí solo se puede el pago por servicios ambientales, pero la gente no quiere así”, explicó.
Según el funcionario, el sistema de monitoreo que utilizan las autoridades antinarcóticos ha permitido detectar que en esos territorios nuevamente hay cultivos ilícitos.
“Ellos alegan el incumplimiento, pero para poder llevar a cabo los proyectos productivos necesito que suscriban los convenios de uso de tierra y no los están suscribiendo. Necesito que accedan a pagos por servicios ambientales y no quieren. Necesito que me dejen ingresar a la Organización Naciones Unidas en Saiza, y en otras poblaciones del sur de Córdoba y no dejan entrar a la comisión”, sostuvo.
Indicó que “es un contrasentido en el que alegan incumplimiento, pero tampoco nos permiten ejecutar. Yo no quiero adelantar especulaciones, pero uno empieza a pensar que la negativa será porque hay coca y no quieren que se sepa”.
Según los reportes, la mayoría de familias han cumplido con las labores de erradicación en un 99%.
“En este momento se niegan aproximadamente unas 2 mil familias que están rechazando los derechos de uso y los acuerdos pero hay otras que no nos están dejando ingresar. No son precisamente las familias, sino grupos que están presionando a las comunidades para que no dejen entrar a verificar”.
El alto funcionario puntualizó que “el Pnis se está utilizando en muchos territorios como una plataformas para acceder a corporaciones públicas, de hecho muchos de los líderes del Pnis están participando como candidatos a las curules de paz y a otras curules que están disponibles en otras campañas”.
