Siguen las diferencias entre las agremiaciones campesinas del sur de Córdoba y las tropas de la Séptima División del Ejército por causa de las labores de erradicación de hoja de coca en la que ya se han registrado varios impasses entre la fuerza pública y alrededor de 400 pobladores de la zona rural de San José de Uré, adscritos al Programa de Sustitución Integral de Cultivos Ilícitos, Pnis.
A través de un comunicado, la Ascsucor indicó que la Fuerza de Tarea Conjunta Aquiles habría violado el Derecho Internacional Humanitario atacando campesinos y campesinas en medio de una discusión ocurrida el domingo en la vereda Altos del Cristal, del municipio de San José de Uré, donde uno de los uniformados accionó su fusil de dotación frente a varios campesinos y campesinas que no portaban armas.
Voceros de la agremiación campesina aseguran que la Séptima División del Ejército los ha querido relacionar con los grupos al margen de la ley que operan en el sur del departamento.
'Son varios los videos que dan cuenta de las ráfagas de disparos con armas de largo alcance que son lanzadas contra la humanidad de los campesinos y campesinas que a todas luces no están armados y no son marte del conflicto', sostuvo la organización gremial.
Los miembros de la Asociación Campesina del Sur de Córdoba consideraron que 'es un absurdo que el Comando de la Séptima División del Ejército Nacional se pronuncie criminalizando a los campesinos y campesinas, beneficiarios del PNIS que en su justa reclamación y reivindicación de derechos han hecho protesta social en el marco de las erradicaciones forzadas de los cultivos de hoja de coca que son parte del programa de sustitución que a su favor necesitan para que el estado cumpla su palabra en el marco de la implementación del Acuerdo de Paz'.
En su pronunciamiento, la Ascsucor le solicitó a la Fiscalía la apertura una investigación en torno al asesinato del campesino Luis Eduardo Garay, muerto en medio de un procedimiento del Ejército Nacional el 24 de diciembre del 2018, cuyo caso está enmarcado en la ley penal militar y la petición es que se juzgue a través de la justicia ordinaria.
