Denuncian supuestas amenazas de muerte contra docentes en Córdoba
Los grupos al margen de la ley habrían prohibido el ingreso de los educadores al territorio.
El sindicato de maestros de Córdoba prendió las alarmas por el riesgo que corren más de 600 docentes que fueron declarados como objetivo militar en el sur de este departamento.
Según la Asociación de Maestros de Córdoba, Ademacor, la difícil situación fue dada a conocer luego de la divulgación de un panfleto que circula a través de redes sociales, en el se prohíbe la presencia de los educadores en el territorio, a riesgo de ser asesinados.
A través de un comunicado, la Asociación de Maestros de Córdoba, Ademacor, señaló que “estos docentes se encuentran amenazados por algunos grupos al margen de la ley que no les permiten llegar a los sitios de trabajo, coartando de esta forma la posibilidad de vinculación laboral de estos educadores y con ella quitándole la oportunidad a dichas comunidades de poder resolver el problema de la falta de docentes en los municipios del sur de Córdoba”.
Ademacor sostuvo que “esta es una situación delicada, compleja y de zozobra que vive un importante número de docentes que luego de cumplir y agotar todos los recursos de ley, ganaron y se hicieron acreedores al acto administrativo que les permite tomar posesión de su cargo como docente en propiedad”.
En total son 603 docentes y directivos docentes que ganaron el concurso de méritos para ser nombrados en los llamados municipios con Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial, Pdet, o zonas de conflicto, concretamente en Tierralta, Valencia, en la subregión del Alto Sinú; mientras que en la subregión del San Jorge, los priorizados fueron Montelíbano y Puerto Libertador.
“Rechazamos cualquier acto de violencia, venga de donde venga, y las supuestas amenazas que han venido siendo sometidos estos docentes, los cuales deben ser sujetos de investigación por parte de los organismos y las autoridades, para que arrojen los resultados que conduzcan al esclarecimiento total de estas acciones confusas”, puntualizó Martínez Páez.
Hasta el momento el Ejército ni la Policía se han pronunciado con relación a las amenazas denunciadas por Ademacor.
Si bien las amenazas son preocupantes, no son el único inconveniente que han tenido los docentes en el sur de Córdoba, pues a esto se le suma los meses retrasos en los nombramientos que, en lo que va corrido de este año, han generado dos plantones a modo de protesta.
Precisamente, debido a las demoras en los nombramientos, la Comisión Nacional del Servicio Civil, Cnsc, emitió un oficio en el que señala que “se han recibido peticiones suscritas por varios elegibles que manifiestan que a la fecha no se han realizado los nombramientos en periodo de prueba, producto de las primeras audiencias territoriales realizadas en febrero del presente año”.
En el documento emitido por la entidad, con copia al gobernador de Córdoba, Orlando Benítez Mora; y la secretaria de Educación, Ana Margarita Caldera Oyola; se puede leer que “en ejercicio de las competencias de administración del sistema especial de carrera docente y teniendo en cuenta que los términos para el nombramiento y posesión establecidos en el artículo 2.4.1.6.3.22 del Decreto 1578 de 2017 se encuentran agotados, por lo que se reitera lo solicitado en los cuatro oficios Nos. 20212310213621, 20212310270391, 20212310307141 y 20212310338781 para dar cumplimiento a la norma en cita, realizando los nombramientos”.
Según la Cnsc, es necesario tomar acciones inmediatas que permitan salvaguardar el principio del mérito y el acceso al empleo público de los elegibles que seleccionaron vacante en las audiencias públicas realizadas en el marco del proceso de selección – Docentes Postconflicto.
“De no tomar acciones pertinentes, se iniciarán las actuaciones administrativas con fines sancionatorios a que haya lugar, en cumplimiento de lo señalado en el parágrafo segundo del artículo 12 de la Ley 909 de 2004. (…) La convocatoria es la norma que regula el concurso y, por tanto, es de obligatorio cumplimiento para todas las personas, entidades e instituciones que participen en el proceso de selección por mérito”, señaló la entidad.
Cabe indicar que los funcionarios que reclaman el derecho al mérito llegarían a reemplazar el histórico sistema de educación contratada, es decir, bolsas de empleos, que según los denunciantes, son manejadas por grupos políticos.
