La alianza Farc – bacrim en Córdoba, habría costado $500 millones que le pagó Roberto Vargas Gutiérrez, alias ‘Gavilán’, uno de los máximos comandantes del Clan Úsuga, a Joverman Sánchez Arroyave, alias ‘el Manteco’, comandante del frente 58 de las Farc, que opera en el Nudo del Paramillo.
Así lo confirmó ayer el comandante del Departamento de Policía Córdoba, coronel Carlos Vargas Rodríguez, tras precisar que esa es la prueba de que sí existe la alianza en la que han insistido las autoridades desde el día de la masacre de los siete policías, el martes anterior, hecho en el que resultaron heridos otros cinco patrulleros.
Según el oficial, hace dos o tres meses hubo una reunión en zona rural de Tierradentro entre ‘Gavilán’ y ‘el Manteco’, para lograr acuerdos en el sentido de que se respetaran espacios que ellos tienen destinados para el narcotráfico.
Este pacto también apunta a la ayuda mutua en el propósito de impedir que les afecten el negocio, anotó.
'Hubo un pago millonario a ‘Gavilán’, de 500 millones de pesos para facilitar a la banda criminal las actividades en la zona de injerencia del frente 58, incluso, de esa suma, ‘Manteco’ se habría quedado con 200 millones de pesos para su bolsillo, y no reportó el resto a la organización', dijo Vargas.
'Sí HAY ALIANZA'. Sobre la respuesta de las Farc del domingo, cuando desmintieron la alianza con las bacrim, el oficial dijo que la Policía tiene elementos de información técnicos, fuentes y versiones de desmovilizados de la guerrilla que así lo confirman.
Reportó que tiene información de inteligencia según el cual, ante la ofensiva que hace la Policía en su contra, el Clan Úsuga estaría buscando refugio en estructuras de las Farc para garantizar su supervivencia en las zonas donde están siendo perseguidos.
'En el negocio del narcotráfico hay dos grandes intereses: el de las Farc, con los cultivos y producción de la base de coca, y el del Clan Úsuga, en los corredores de movilidad para sacar la base de coca por los puertos de la costa cordobesa', señaló.
Frente a la versión de que en el corregimiento de Tierrandetro, Montelíbano, habría guerrilleros de civil camuflados en la comunidad, sostuvo que después de la masacre hay un refuerzo de policías en esa población y tropas desplegadase del Ejército.
'Todos están extorsionados'. Sobre el mismo tema, ayer el obispo de la Diócesis de Montelíbano, Luis José Rueda, aseguró que en Puerto Libertador 'todo el mundo' está pagando extorsión a esa organización armada.
De acuerdo con lo señalado por el prelado, este pago a los grupos ilegales cobija desde el vendedor de limonada hasta el comerciante.
'Así vivimos en el sur de Córdoba porque el miedo surge por la ausencia del Estado, no con armas, no con militares, sino con obras sociales', añadió.
Para Rueda, la Iglesia no tiene armas, pero sufre por lo que está pasando.
Cuando los grupos ilegales atacan a la población, atacan a la iglesia, a los hijos de Dios y ellos también son hijos de Dios', indicó el religioso.
Consideró que el negocio del narcotráfico entre Farc y bacrim es, en su concepto, el 'negocio de muerte' que hace sufrir a las comunidades.
Pagan por cada bloque que se pega
El secretario de Obras de Puerto Libertador, Luis Miguel González, reveló además que 'por cada bloque que se pega en el municipio, también se paga extorsión a los grupos ilegales'.
Aseguró que para estar en este municipio hay que costear a los grupos armados. 'Hay obras paralizadas porque, al parecer, los contratistas no han cumplido con las cuotas que les exigen'.
