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Córdoba

Abogado inmerso en 'carrusel' de la educación señala al exgobernador Lyons en crimen de Zapa

Agámez fue prófugo de la justicia por más de un año y sigue vinculado al caso del ‘carrusel’ de desangró el Fondo de Prestaciones del Magisterio en Córdoba.

El abogado monteriano Jaime Agámez Pineda, procesado por el ‘carrusel’ de la educación en Córdoba, señaló al exgobernador de Córdoba, Alejandro Lyons, como uno de los presuntos autores del homicidio del exdirector de Regalías de este Departamento, Jairo Zapa Pérez, ocurrido el 27 de marzo del 2014, en una vivienda del barrio la Castellana, en Montería.

Las declaraciones las entregó Agámez a Noticias Uno, con base en lo que según él, le contó en prisión el excontratista Jesús Henao Sarmiento, con quien se conoció en el centro de reclusión especial de Corozal (Sucre), donde este último fue enviado desde el 1 de julio de 2014, tras ser asegurado por un juez de garantías, junto a otras cinco personas.

“Los autores intelectuales de la muerte de Jairo Zapa son Alejandro Lyons y Jesús Henao. Cuando yo llegué a la cárcel, él (Henao) se entera que soy abogado y me busca como asesor, yo lo orienté, entablamos una amistad y él me comentó los pormenores de este hecho”, precisa el jurista.

Jaime Agámez hace parte de la veintena de funcionarios y abogados vinculados al ‘carrusel’ de la educación en Córdoba, por el desfalco a las arcas del fondo de prestaciones sociales del magisterio, en más de 80 mil millones de pesos, a partir de documentación y poderes falsos, delito que precisamente descubrió y denunció el exgobernador Lyons, a comienzos de su administración en el 2012.

El jurista además fue prófugo de la justicia durante más de un año hasta que el 24 de agosto de 2014 fue recapturado en un puesto de control de la Policía de Carreteras, en el kilómetro 12 entre Montería y Planeta Rica, cuando se movilizaba como parrillero de una motocicleta, de regreso de unas peleas de gallo.

Agámez agregó en su declaración que fue testigo de una discusión por teléfono en la que Henao "le gritaba a Lyons que no lo podía dejar solo en esa muerte porque él también había participado".

“A la comida de Jairo Zapa le agregaron Sinogán antes de ahorcarlo. Así me dijo Henao, que le dolió mucho porque Zapa se arrodilló y pidió clemencia por su vida, pero el señor Henao estaba iracundo y ordenó la ejecución”, relata el abogado.

Agrega que desde la casa donde se cometió el homicidio en la calle 59 # 12-108, el cadáver fue sacado en una camioneta rumbo a la finca del entonces gobernador. Sin embargo, la Fiscalía ha dicho que con base en coordinadas el cuerpo estaba en el predio del costado, en el corregimiento La Magdalena, zona rural de Pueblo Nuevo, subregión del San Jorge.

Según Pineda, Henao le contó que Lyons le paga 30 millones de pesos mensuales a Joice Hernández Muñoz, confeso asesino de Zapa y quien está detenido en la cárcel Las Mercedes de Montería.

EL HERALDO intentó contactar al exgobernador Lyons para conocer su posición frente a las declaraciones de Jaime Agámez, pero este no contestó su celular. Hasta el momento, tampoco ha emitido ningún comunicado oficial sobre este señalamiento.

Jesús Henao seguirá en la cárcel
Casualmente en la tarde de hoy, el juez primero penal municipal ambulante de Montería, Jaime Lindo Espitia, negó por tercera vez la libertad condicional, por presunto vencimiento de términos, a Jesús Henao Sarmiento.

La solicitud la había hecho el abogado defensor de Henao, Marlon Díaz, tras argumentar que se ha superado excesivamente la norma que habla de 240 días como plazo razonable para que se inicie el juicio oral, según lo la Ley 1760 del 6 de junio de 2015, que modificó el Código de Procedimiento Penal en cuanto a la libertad para vencimiento de términos.

La audiencia se dividió en dos fases, la primera que inició a las 8:30 a. m., hasta las 11:30 a. m., en la que los sujetos procesales sustentaron sus consideraciones; y la segunda, a partir de las 3: 00 p. m., en la que el juez resolvió y dio a conocer su decisión.

El juez consideró que la ley que citó la defensa de Henao (Ley 1760) “no opera de manera automática, sino cuando hay desidia del Estado en el trámite del proceso, lo que no aplica al caso en cuestión”.

Según el togado, “no ha habido un comportamiento negativo de la administración de justicia y el juicio oral no se ha iniciado porque la defensa no lo ha permitido”.

La anterior argumentación la sustentó con las 8 oportunidades en que la bancada de la defensa solicitaba el aplazamiento de las audiencias por cualquier motivo ajeno a la administración de justicia. "La culpa ha sido única y exclusivamente de la bancada de la defensa", replicó.

Agregó que con base en sus cuentas, producto de un análisis pasó por paso de lo que ha sido el caso Zapa, solo han transcurrido 79 días a favor de la libertad del contratista.

Las partes enfrentaron sus conceptos jurídicos con base en los días que tiene Henao de estar privado de la libertad. El contratista fue asegurado la noche del 1° de julio de 2014 por una juez con funciones de garantías de Montería.

Para el abogado defensor del acusado desde que se presentó el escrito de acusación el 29 de agosto de 2014, han transcurrido 322 días antes del juicio oral, lo que lo llevó a solicitar la libertad de su cliente.

Entre tanto la Fiscalía, representada en el fiscal 48 de derechos humanos y derecho internacional humanitario, Carlos Pión Mayorga, los 240 días a los que se refirió el penalista deben contabilizarse pero con base en días hábiles, según el Consejo de Estado, “lo que cambia todo”.

A su turno la defensa de los padres y hermanos de Zapa, representada en el abogado, Juan Felipe Amaya, hizo énfasis en los descuentos razonables de los lapsos en los que el proceso ha estado detenido, por varios motivos de instancias, sin que sea propiamente por maniobras dilatorias.

Se refirió -por ejemplo- a la solicitud del cambio de radicación del caso, entre el 1° y el 22 de octubre del 2014, y otro recurso de apelación que debió resolverse entre el 3 de diciembre de 2014 y el 20 de marzo de 2015.

Así las cosas, Jesús Henao Sarmiento deberá permanecer privado de la libertad en el centro de reclusión especial de Corozal (Sucre). Sin embargo, su apoderado apeló la decisión ante la instancia superior.

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