La presunta venta ilegal de reses que habría sido el detonante de la masacre de Chimá, en Córdoba, que en septiembre de 2024 cobró tres vidas, es un negocio que no habría sido tan ilegal como lo plantean la Fiscalía General de la Nación y la familia del asesinado empresario y ganadero sincelejano Esteban Rafael Urueta González.
Así se desprende de los planteamientos que hizo el abogado penalista Lesmer Quintero Argel en las más recientes audiencias de control de garantías en defensa de Cristian Mauricio Petro Almanza y Juan Fernando Soto Garcés, que ahora no solo responden por los delitos de homicidio agravado y otros cometidos en la masacre sino también por el de abigeato agravado por la confianza y la suma.
Le recomendamos: Canciller Laura Sarabia y alcalde de Montería articulan acciones en pro de la educación, turismo y comercio
Este último punible que consagra una pena de privación de la libertad que parte desde los 9 años, por la cuantía, que en este caso es cercana a los mil millones de pesos, es el que tiene nuevamente tras las rejas a Petro y Soto.
Tras cerca de 7 horas de intervención --que fueron fragmentadas en dos días de la semana que acaba de finalizar-- el reconocido abogado le puso de presente al Juez Primero Promiscuo de Ciénaga de Oro, con funciones de control de garantías, los testimonios de 12 personas, entre ellas comerciantes de ganado y empleados del asesinado Esteban Urueta.
Esas declaraciones, algunas de las que resultaron ser a las mismas personas que también presentó la Fiscalía para incriminar a los procesados, evidencian que la venta de reses que eran de propiedad de Esteban Urueta hacían parte, según el abogado defensor, de negocios que el empresario y ganadero realizaba en presencia de Cristian Petro, por lo que reitera “que Cristian no realizaba negocios por cuenta propia sino con el aval de su jefe y amigo de confianza” que, al decir de algunos testigos, era quien en ocasiones llevaba el ganado en carros o arreado.
“Cristian no actuaba solo, iba y mostraba el ganado a vender con el jefe y al jefe (Esteban) le pagaban con transacciones y efectivos”, dijo el defensor.
Además, la Fiscalía reveló que Juan Fernando Soto Garcés, y un hermano suyo, también vendían reses que eran de propiedad de Esteban Urueta, y para esto el defensor alegó que en efecto su cliente sí vendía esas reses “porque se las había comprado a Esteban debido a que ese era su negocio, de compra y venta de ganado, y se las pagó”.
De dichos pagos, que estarían soportados en consignaciones bancarias, da fe la compañera sentimental de Juan Soto, una contadora pública que en entrevista detalló los préstamos que ella ha hecho para que Juan Soto realice su negocio de compra y venta de ganado, actividad que desarrolla no solo él sino toda su familia y en la que él se vinculó desde cuando era un adolescente. Así lo dijo un testigo que resultó ser el padre de una joven que estudió la secundaria con Juan.
Ante este panorama el profesional del derecho se muestra en desacuerdo con la denunciante, esposa de Esteban Urueta, sobre la pérdida de 700 reses y los producidos de estas.
Le sugerimos leer: Los reinados de la Ganadería premiaron los mejores cuerpos y trajes de fantasía
Además, explicó el abogado que la viuda probablemente no tenga conocimiento de esos pagos de reses porque su esposo Esteban le decía a Cristian Petro que no le contara a ella sobre los negocios.
Además ella relata un caso especial de unas reses vendidas a dos hermanos de apellido Villadiego, en la ciudad de Barranquilla, y que nunca hubo pago.
El abogado Lesmer Quintero aseguró también que no puede hacerse el inventario de reses perdidas o vendidas con el registro ante el ICA porque es probable que las que hubo en ventas no fueron descargadas del sistema dado que al momento de la movilización lo hacían sin las guías exigidas para ello y es posible que por esta infracción a la ley el empresario y ganadero estuviera multado.
Un empleado de Esteben Urueta que trabajó conduciendo un camión de propiedad de este, dio fe en una entrevista presentada por el abogado Quintero Argel, que transportó reses sin la guía del ICA y que su patrón le decía que “si lo paraba la Policía que lo llamara de inmediato”.
Lo cierto es que la esposa de Esteban Urueta denuncia que de las 700 reses que le dieron a administrar a Cristian Petro no hay certeza de qué las hizo, sin embargo, compradores de buena fe que tenían reses con el hierro de Urueta las devolvieron, unas 157 en total.
La abogada Sulay Rico, que representa en este delito contra el patrimonio económico los intereses de la esposa de Esteban Urueta y de sus dos pequeños hijos, se muestra inquieta en que si las cuentas de las reses se encontraban bien y no había anomalías en ellas ¿por qué Cristian evadía los controles que su jefe quería hacer sobre esos animales?, de los cuales en el lugar de la masacre que fue el sector Carolina del municipio de Chimá, no hallaron rastros. Además recuerda que Cristian en una declaración ante el Gaula de la Policía horas después de la masacre que cobró la vida de Esteban Urueta y de sus amigos y empleados Fredy Beleño Acosta y Gerardo Marzola Coronado, dijo que administraba 700 reses.
