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La suspensión del cese al fuego con el Clan del Golfo parecía cantada. Danilo Rueda, alto comisionado para la Paz, y Alfonso Prada, ministro del Interior, ya habían abierto la puerta para mandar al traste el acuerdo del Gobierno con esta organización ilegal, con dominio en la región Caribe, Antioquia y el Pacífico colombiano, debido a los recientes ataques violentos registrados en el marco del paro minero.