Sur de Bolívar, un territorio que la paz no ha podido ‘abrigar’
Esta zona del Caribe ha sido epicentro del conflicto por casi cinco décadas. La masacre en Montecristo deja en evidencia las disputas que libran.
Las masacres en el país no cesan. El enunciado va de la mano con la denuncia que el pasado 15 de diciembre realizó la ONU y que daba cuenta de que cientos de personas habían muerto este 2020 en Colombia en medio de los crímenes múltiples o como víctimas de asesinatos selectivos, que ha tocado directamente a líderes sociales y exguerrilleros.
La reciente masacre ocurrida en la vereda de Quebrada Honda, municipio de Montecristo (sur de Bolívar), se suma a la denuncia. Tal hecho dejó cinco víctimas mortales, entre ellas Rosa Mendoza, una exintegrante de las Farc —la número 249 asesinada desde la firma del acuerdo de paz—, y a su hija de dos años.
El ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, aseguró que de acuerdo con algunas versiones el ataque violento contra estas personas lo habría perpetrado la guerrilla ELN, que tiene en el sur de Bolívar una amplia presencia.
Esta zona del Caribe colombiano ha estado marcada por el conflicto armado desde hace cinco décadas. Allí grupos paramilitares como las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC), a las que las autoridades llaman ‘Clan del Golfo’, y grupos narcotraficantes se han disputado, por años, el territorio con el ELN.
La ubicación geográfica del sur de Bolívar ha favorecido el conflicto armado en diferentes momentos a lo largo de los años, motivada por una persistente actividad de actores armados ilegales que han intentado ejercer dominio territorial y control social sobre la totalidad de la zona, con especial énfasis en aquellas donde se da la explotación minera y plantaciones de cultivos de uso ilícito.
Luis Fernando Trejos, director del Centro de Pensamiento UNCaribe, manifestó que el sur de Bolívar se encuentra dentro de la subregión del Magdalena Medio, “por lo cual las dinámicas de la violencia que allí se desarrollan están vinculadas a circuitos de ilegalidad de Santander y Antioquia y no de la región Caribe como tal”.
La alerta de la defensoría
Esta tesis la sostiene una alerta temprana que en junio pasado emitió la Defensoría del Pueblo donde advierte un escenario de riesgo en 13 municipios de la región, incluido Montecristo, y todo por la “presencia y accionar” de grupos criminales.
Estas estructuras, según lo informado por la Defensoría, han cometido infracciones al Derecho Internacional Humanitario como reclutamiento de menores, extorsiones, violencia de género, amenazas y violencia sexual.
Sostiene la Defensoría que, en los últimos dos años, el conflicto armado en el sur de Bolívar “ha experimentado importantes cambios” ante la salida del territorio de las Farc-EP, en cumplimiento del proceso de dejación de armas y reincorporación a la vida civil de sus combatientes.
“Estas situaciones han generado que el sur de Bolívar viva en la actualidad un proceso de reacomodamiento de fuerzas ilegales”, describe la Defensoría en su alerta temprana.
Un análisis
Según el informe ‘Del Capitolio al territorio’, impulsado por la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes y que cuenta con el apoyo técnico de la Fundación Ideas para la Paz (FIP) y el financiero de la embajada británica, en el país hay un “recrudecimiento de la violencia armada y otros tipos de violencias”.
El documento señala que en las regiones, incluido el sur de Bolívar, los actores locales perciben que “el Estado no logró copar efectiva y oportunamente los vacíos de regulación que dejó la desactivación de las estructuras de las antiguas Farc, lo que favoreció la expansión y fortalecimiento de otros grupos armados ilegales”.
“Se viene configurando un escenario de riesgo a partir de la recomposición de estos grupo ilegales que buscan ampliar su influencia y ejercer un mayor control social y territorial alrededor de economías ilícitas”, añadió la información.
No obstante, el informe de la FIP señala que “hay voluntad por parte de la población en proceso de reincorporación de seguir cumpliendo con los compromisos adquiridos en el marco del acuerdo de paz pese a las dificultades que enfrenta”.
Unas cifras
A lo largo del año el tema de las cifras con respecto al número de masacres ha sido el detonante de varias discusiones entre el Gobierno y las organizaciones que defienden los derechos humanos.
De acuerdo con el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), 375 personas han sido asesinadas en 90 masacres perpetradas durante el 2020. Destacan el homicidio de 249 firmantes del acuerdo de paz y los crímenes contra 307 líderes y defensores de derechos humanos.
Por su parte, el Centro de Pensamiento UNCaribe confirmó a EL HERALDO que serían 15 las masacres ocurridas en la Costa durante este 2020 y que han dejado 51 víctimas fatales.
De ese número de eventos en la región, siete han sido relacionados con la presencia de actores armados (San José de Uré, Tierralta, Simití, El Carmen de Bolívar, San Marco y Montecristo).
De igual forma, los departamentos con más masacres en el Caribe son Bolívar con cuatro, Magdalena con tres, y Córdoba con tres.
Sin embargo, las anteriores cifras se distancian un poco de los hechos que documenta la Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia, pues señala que en lo que va de 2020 se han presentado “66 masacres en el país, en las que 255 personas fueron asesinadas en 18 departamentos del país”.
Tras la masacre de Montecristo, el partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (Farc) se pronunció de inmediato tras el asesinato de la exguerrillera Rosa Mendoza, una “indígena firmante de la paz” y socia fundadora de la Asociación de Vivienda Agraria y Ambiental del Sur de Bolívar (Asovisbol).
“Necesitamos garantías para nuestra participación política. Soñar y construir un país más justo no puede costarnos la vida”, afirmó la Farc en un comunicado.
Además de referirse al asesinato de Mendoza, en la misiva lamentaron los hechos de violencia que el fin de semana cobraron la vida del excombatiente Manuel Alonso en el municipio de Miranda, en el convulso departamento del Cauca. “Manuel dedicó gran parte de su vida a los desfavorecidos, los de a pie”, puntualizaron en el comunicado.
