El uso inadecuado de varios rellenos sanitarios, está afectando a una gran parte de comunidades en el país, pero el de peor tratamiento es el de Doña Juana, de acuerdo con la Contraloría General de la República.
Referente a este caso emblemático de deficiencias, el ente de control ha emitido diversos llamados de atención para que el operador implemente mecanismos adecuados de disposición y eliminación de los residuos sólidos.
El año pasado este organismo de control reveló los resultados de una auditoría de desempeño a la política pública para la gestión integral de Residuos Sólidos en Colombia, evaluando desde el ciclo de generación de residuos hasta la disposición final.
Al evaluar la situación de varios rellenos sanitarios, se encontraron problemas en su operación y sostenibilidad y una la mala cuantificación de las tarifas que se trasladan a los usuarios.
En ‘Doña Juana’, se detectaron varias deficiencias y se advirtieron fallas en el control y seguimiento por parte de las autoridades ambientales que han realizado esta labor en el tiempo.
Así mismo, la Contraloría señaló lo que ahora es tema de investigación penal por parte de la Fiscalía General de la Nación: los impactos significativos del relleno por vertimientos, debido a la ausencia y falta de tratamiento de los lixiviados producidos en el sitio.
Igualmente, se identificaron incertidumbres en el cálculo de los valores de tarifa con la que se ha establecido la operación de este relleno, lo cual podría generar falta de financiación a las labores necesarias para su adecuado funcionamiento.
Los casos evaluados por la Contraloría sobre sitios de disposición final dan cuenta también de múltiples alertas sobre el deterioro progresivo de las zonas donde se encuentran emplazados los mismos.
Entre las principales conclusiones de la auditoría realizada por la Contraloría Delegada para el Medio Ambiente sobre gestión de residuos sólidos en el país, indica que eexisten múltiples deficiencias en los Planes de Gestión Integral de Residuos Sólidos –PGIRS de los municipios, el instrumento no es operativo y se ha convertido en un requisito por cumplir.
Sostiene el informe que 'en el país persiste la idea que los rellenos sanitarios son la opción más económica para el manejo y disposición de residuos sólidos dado que no se han internalizado los costos ambientales que acarrea su operación'.
En la evaluación realizada por la Contraloría para los años 2016, 2017 y 2018, se encontró un incumplimiento generalizado por parte de los operadores de los rellenos sanitarios del país, debido a que no se evidenció la adecuada constitución del monto de los recursos económicos que deben destinarse para las actividades de cierre, clausura y posclausura de sitios de disposición final.