El Heraldo
Las asociaciones y guardias indígenas han protagonizado varias movilizaciones y protestas reclamando sus derechos, pero también se han visto afectados por las presiones de los grupos ilegales. Archivo
Colombia

¿Por qué se ha incrementado la conflictividad social este año?

Sociólogos, expertos en seguridad, conflicto, movimientos sociales y politólogos explican en EL HERALDO las razones por las que los ciudadanos se hacen sentir.

Según la Defensoría del Pueblo la conflictividad social en el país aumentó durante los primeros meses del año. EL HERALDO consultó a sociólogos, expertos en seguridad y politólogos sobre las razones para ello.

El defensor del Pueblo, Carlos Camargo, reportó en marzo que “durante los dos primeros meses se ha observado un incremento de conflictos sociales: mientras en enero y febrero de 2022 se registraron 124 eventos, en 2023 la cifra llegó a los 214, es decir un incremento del 72,6 %”.

Por ello, pidió al Gobierno y a los entes territoriales “trabajar en la prevención para evitar el escalamiento violento de las protestas, atender los llamados de las comunidades campesinas, indígenas, afrodescendientes, mineras, entre otras”.

El organismo registró que las demandas tienen que ver con una mayor presencia e inversión del Estado para mejorar las condiciones de vida de las personas en áreas rurales y urbanas, para garantizar los derechos a la vida, seguridad, los derechos laborales, los servicios públicos y la implementación de medidas de transporte, entre otras.

Y estas, concluyó, se han dado con mayor intensidad en Antioquia, Bolívar, Santander, Atlántico, Valle, Magdalena, La Guajira, Tolima, Norte de Santander, Cauca, Boyacá, Córdoba y Bogotá.

Al respecto, el sociólogo Jorge Bolívar Berdugo, investigador de la Universidad Simón Bolívar, señala que “la conflictividad se muestra por la inequidad de que 14 millones de colombianos vivan con menos de $9 mil al día y el 1 % de la población posea el 81 % de las tierras”, agregando que “ha habido una usurpación sistemática de la tierra fértil, tolerada por una ley que acreditó títulos a la gran propiedad monopolista, y se expulsó al campesinado a la periferia: las reformas agrarias han sido siempre tímidas, la del sesenta solo entregó algo menos de 2 millones de hectáreas en 50 años. En La Habana se acordó repartir 3 millones porque Colombia tiene 114 millones de hectáreas y solo se cultivan 5,3 millones, un poco menos del 5 %”.

El también sociólogo Carlos Charry, experto en movimientos sociales, comenta que “muchos esperaban que con la llegada del gobierno de Gustavo Petro existiera una disminución sustancial de los hechos de movilización y protesta ciudadana, y esto efectivamente ha ocurrido, pero esto no quiere decir que no haya”.

Además, añade, “también hemos tenido las movilizaciones a favor y en contra del Gobierno, algo que puede hacer que se empiece a volver cada vez más grande y repetitivo, entonces aunque hay una disminución porque ya no estamos viendo las grandes movilizaciones de 2019 o 2021, sí las estamos teniendo”.

El coronel (r) José Espejo, especialista en conflicto y seguridad, sostiene que lo que ocurre con Petro es que “desde el mismo Ejecutivo, para impulsar unas reformas que no tienen ni pies ni cabeza, se acude a un llamamiento a la revuelta de manera irresponsable, cuando el Estado es débil en los territorios y las que mandan son las organizaciones criminales, entonces estas manifestaciones son permeadas por estas organizaciones”.

Y cuestiona que “la seguridad pública el Gobierno la concesiona y le entrega el poder a guardias campesinas e indígenas, y esto permite que esas economías ilegales mantengan un imperio inclusive sobre la autonomía de los pueblos indígenas”.

El politólogo Andrés Macías, catedrático de la Universidad Externado, observa que “esas demandas han venido aumentando y lo que se ha visto es que se han hecho más visibles y también las comunidades han visto un gobierno mas receptivo y eso ha motivado que se busquen expresar y llegarle al Gobierno porque posiblemente ven que sí les va a responder”, y precisa en este sentido que “muchos pensaron que como era la izquierda la que llegaba al poder entonces los educadores, los indígenas y los campesinos no iban a hacer marchas y lo que hemos visto es lo contrario. (...) También se generaron expectativas por los cambios que se iban a lograr, pero en los primeros meses esas expectativas se han ido convirtiendo en incertidumbre”.

Y César Niño, experto en seguridad y defensa, pone de presente que “a dos años del estallido social vemos que muchas de la reivindicaciones sociales no se han logrado satisfacer” y que “tampoco el Gobierno ha logrado resolver los problemas de violencia en los territorios, porque la violencia es una lógica estructural del país y no tiene que ver con gobiernos de derecha o izquierda”.

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