Corte escuchó a las partes en sentencia sobre niñez wayuu
Se propusieron ideas para solucionar la problemática. El fin es reducir los índices de muertes por desnutrición.
BOGOTÁ | La Corte Constitucional escucha este viernes a las autoridades del nuevo gobierno, a las comunidades y a la sociedad civil en sesión técnica de seguimiento de la sentencia que protegió derechos de la niñez wayuu de 2017.
La idea es "lograr posibles respuestas y soluciones que conduzcan a la garantía efectiva de los derechos de la niñez wayuu, debido a los problemas que impiden evidenciar políticas efectivas para reducir los índices de muertes por desnutrición de las niñas y niños del pueblo wayuu y conocer el estado actual y avances del cumplimiento", señaló el alto tribunal.
En la sesión técnica se desarrollarán los cinco ejes temáticos de la perspectiva de las comunidades y de la sociedad civil sobre las posibles soluciones y la manera como los canales institucionales deben aplicarlas y las estrategias que se van a desarrollar de carácter urgente y de largo aliento.
Así como el de las acciones provisionales y estructurales para superar los obstáculos hasta ahora detectados para superar el ECI y las medidas para cumplir las órdenes emitidas durante el seguimiento que realiza la Corte: a) reconocimiento del pueblo Wayuu como sujeto de derechos; b) acciones para divulgar y comunicar la sentencia; c) estrategias para cumplir las medidas provisionales decretadas en el marco del seguimiento; y d) el logro de transparencia en la asignación de beneficios, selección de contratistas y manejo de los recursos.
Y, finalmente, los obstáculos detectados para alcanzar la operatividad del mecanismo especial de seguimiento de políticas públicas (Messep) y las propuestas para poner en marcha dicho mecanismo.
A la sesión fueron citados la Junta Mayor de Palabreros putchipüun y el Consejo Mayor de Palabreros; una mujer indígena de las comunidades asentadas en la Alta Guajira; el defensor del pueblo; la procuradora; el contralor General de la República; el fiscal; el consejero para las Regiones de la Presidencia de la República; un representante del Resguardo de la Alta y Media Guajira; el gobernador (e) de La Guajira; un representante de las alcaldías municipales de Maicao, Manaure, Riohacha y Uribia; la directora general del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF); las y los ministros de Vivienda, Salud, Interior, Transporte, Educación, Agricultura y Hacienda; la Veeduría ciudadana a la implementación de la sentencia T-302 de 2017; y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (Dejusticia).