Los pormenores del bombardeo en Caquetá
Se han conocido los reportes y videos posteriores a la acción militar del 29 de agosto en El Caguán, que cobró la vida de 8 menores.
Una vez las autoridades identificaron -con interceptaciones y fuentes humanas- el lugar donde podía estar alias Gildardo Cucho, uno de los cuatro lugartenientes de alias Gentil Duarte -uno de los cabecillas máximos de las disidencias de las Farc- se dispuso el bombardeo en el campamento del Frente 7 de las disidencias, situado en zona rural de la vereda Candilejas, en el municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá.
Allí, según los informes de la fuerza pública que han sido revelados por medios de comunicación capitalinos, estarían de 20 a 40 hombres armados haciendo parte de la escuadra de Cucho. Por ello, el 29 de agosto de 2019, a las 11 de la noche, arrancó el operativo ‘Atair’, de tipo beta, es decir, que requería autorización del alto gobierno: dos aviones Tucano y Cazabombarderos de la Fuerza Aérea lanzaron las bombas, incendiando la maleza y dejando un cráter de 15 metros de profundidad por 200 metros de ancho.
Luego, a las 11:30 de la noche, desembarcaron de helicópteros Black Hawk los hombres del Batallón Lancheros del Ejército. Esperaron al amanecer y luego se conocieron truculentos reportes y videos que daban cuenta de pedazos de cuerpos, cabezas, extremidades, entre los árboles, en las aguas de un caño, fusiles en ramas, uniformes ensangrentados, botas chamuscadas con pies adentro, cabellos de mujeres, torsos de hombres, hamacas, morrales, libros, cuadernos, fotos y tarjetas de identidad de menores de edad.
A Medicina Legal, en la noche, llegaron 18 cuerpos en total: 15 identificados, tres sin identificar y ocho de ellos de niños, niñas y adolescentes. Todos los cadáveres y evidencias llegaron en helicóptero hasta la base militar de La Macarena y de ahí a Villavicencio.
Al día siguiente, el presidente Iván Duque reportó la baja de Gildardo Cucho y de nueve disidentes más. Cuatro días después, el Ejército reportó que habían sido 14 las bajas. Pero nadie habló de menores. Al menos hasta el 19 de septiembre de 2019, cuando los forenses de Medicina Legal indicaron -en el documento que expuso en la plenaria del Senado Roy Barreras, de La U, durante el debate de moción de censura de la semana pasada contra el exministro de Defensa, Guillermo Botero-: “De los 12 cadáveres identificados, siete corresponden con individuos menores de 18 años” (sic).
El hecho de que ocho menores habían fallecido nunca fue informado por los entes estatales y solo se vino a conocer en el debate en el Congreso.
