Lo que falta para el posible regreso del glifosato

Los gobiernistas aplaudieron el anuncio de decreto para no solo detener, sino disminuir los cultivos ilícitos en el país, afirman. Opositores e independientes buscan prohibir el herbicida y que la Corte defienda la salud y el medio ambiente.

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El pasado 30 de noviembre se publicó el proyecto de decreto para comentarios con el que se busca reanudar la aspersión de cultivos ilícitos con glifosato. Archivo
Por: Tomás Betín @tombetri
Colombia

Los gobiernistas aplaudieron el anuncio de decreto para no solo detener, sino disminuir los cultivos ilícitos en el país, afirman. Opositores e independientes buscan prohibir el herbicida y que la Corte defienda la salud y el medio ambiente.

No está tan cerca la reanudación de las aspersiones con glifosato sobre los cultivos ilícitos en el país. Pero ya el Gobierno da un paso decidido al reglamentar el uso del herbicida que, advierten ambientalistas, afecta la salud y el medio ambiente, pero que, asegura el oficialismo, es la vía expedita para no solo parar el crecimiento de los sembradíos de coca, sino también para bajarlos.

El pasado 30 de diciembre la ministra de Justicia, la barranquillera Margarita Cabello Blanco, dio a conocer sobre la publicación para comentarios del proyecto de decreto para volver a la aspersión del glifosato, suspendida desde octubre de 2015 cuando el gobierno de Juan Manuel Santos acogió reportes de la Organización Mundial de la Salud que advertían que era posiblemente carcinogénico para humanos.

A través de este borrador de decreto, indicó la cartera judicial, “se desarrolla el control de los riesgos para la salud y el medio ambiente en el marco de la erradicación de cultivos ilícitos mediante el método de aspersión aérea”.

Así, agrega el comunicado, se da cumplimiento a los requerimientos de la Corte Constitucional en la Sentencia T-236 de 2017 y el Auto 387 de julio de 2019, “que establecen la obligatoriedad al Gobierno nacional de no reanudar la aspersión aérea hasta proveer una protección constitucional razonable del derecho a la salud en el marco de la ejecución de esta actividad”.

No obstante, advierte que la publicación para comentarios no implica una reactivación automática de las actividades de aspersión, y que esta reanudación “será definida por el Consejo Nacional de Estupefacientes una vez se desarrolle la reglamentación que propone el proyecto de decreto”.

El Gobierno dice que la aspersión aérea, con el control de los riesgos de la salud y del medio ambiente podría reducir los cultivos ilícitos.

Este borrador determina principalmente siete puntos: la ejecución de la actividad a cargo de la Policía; un mecanismo independiente de seguimiento por parte del Instituto Nacional de Salud, INS, y la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, Anla, y una evaluación permanente del riesgo a cargo del INS y de la Anla.

Así mismo, contempla una ruta de revisión automática de decisiones frente a la modificación o continuación de la actividad a partir de la evidencia de posibles nuevos riesgos que arroje el sistema de evaluación; el desarrollo de estudios antes, durante y después de la ejecución de la actividad sobre los efectos en la salud y el medio ambiente; un procedimiento independiente de quejas sobre afectaciones a la salud, al medio ambiente, a bienes agropecuarios y a viviendas; y espacios para la participación ciudadana y el acceso a la información.

El Ejecutivo asegura que la aspersión aérea es una herramienta que “utilizada con precisión y bajo el control efectivo de los riesgos a la salud y al medio ambiente, cumpliendo a cabalidad con los requisitos establecidos por la Corte Constitucional, permitirá mayor efectividad en la reducción de los cultivos ilícitos”, y añade que el narcotráfico y los cultivos ilícitos “se constituyen en una amenaza para el Estado de Derecho y la vigencia de los Derechos Humanos al comprometer la seguridad, el medio ambiente y la salud de los colombianos”.

Finalmente, informa que el texto del proyecto de decreto está disponible para comentarios desde el 30 de diciembre de 2019 y por un término de 30 días a través de la página web del Ministerio de justicia.

Todo esto luego de que la Corte Constitucional decidiera en julio pasado mantener las condiciones que ese mismo tribunal impuso en 2017 para el retorno de las aspersiones, pero dijo que era el Consejo Nacional de Estupefacientes el que debía determinar el cumplimiento de dichos requisitos para el regreso al herbicida.

No obstante, el Consejo está conformado en su mayoría por dependencias gubernamentales como los ministerios de Justicia, Salud, Educación, Agricultura, la Procuraduría, la Policía, el director de Aduanas y la Aeronáutica Civil.

Una de las principales condiciones que puso la alta corte defensora de la Carta Magna tiene que ver con el hecho de que se establezca que el glifosato no produce afectaciones a la salud de la población, en lo que el Consejo “deberá considerar y ponderar toda la evidencia científica y técnica en lo que se refiere, por un lado, a la minimización de los riesgos para la salud y el medio ambiente, y, por otro, a la solución al problema de las drogas ilícitas, conforme a los instrumentos de política pública”.

De todas maneras, aunque ya el Gobierno haya puesto a consideración de la ciudadanía el borrador de la reglamentación para el visto bueno del Consejo de Estupefacientes, aún faltarían los estudios científicos pedidos por la Corte y planteados por el Ejecutivo, lo cual no permitiría que la reanudación sea inmediata, toda vez, además, que el alto tribunal no ha publicado la sentencia completa y falta, así mismo, definir qué sucederá con las eventuales fumigaciones en zonas protegidas o donde se requiere consulta previa, que es donde estarían sembrados más de la mitad de los cultivos ilícitos del país.

Margarita Cabello, ministra de Justicia, quien dio a conocer el borrador del decreto.
Margarita Cabello, ministra de Justicia, quien dio a conocer el borrador del decreto.

También el asunto de la financiación de las aspersiones está en vilo, pues fumigar una hectárea le cuesta al país hasta $100 millones y según Washington en Colombia hay 206 mil hectáreas sembradas de coca.

Pero sí están satisfechos con la medida anunciada en la Casa Blanca, como se conoció el 31 de diciembre pasado, un día después del anuncio, cuando la Embajada de los Estados Unidos en Colombia felicitó al Gobierno: “Estados Unidos acoge con beneplácito la publicación por parte del gobierno Duque de su proyecto de decreto sobre la reanudación de la erradicación aérea de coca en el que se detalla cómo se cumpliría con las estrictas condiciones de salud y ambientales establecidas por la Corte Constitucional”.

Agrega la dependencia diplomática del país norteamericano que “al igual que Estados Unidos, Colombia reconoce que un enfoque antinarcótico exitoso debe abordar tanto la reducción de la oferta como la demanda”, advirtiendo que “la producción de cocaína provoca la deforestación y el vertido de productos químicos tóxicos”, así como la proliferación de los grupos violentos de narcotráfico “y una tendencia creciente de consumo de cocaína que causa estragos todos los días en la vida de los colombianos”.

Por último, la embajada manifiesta que “apoya los esfuerzos del gobierno colombiano para lograr nuestro objetivo conjunto de reducir a la mitad el cultivo de coca y la producción de cocaína para fines de 2023”.

Sin embargo, el asunto se ha demorado un poco más de lo presupuestado para la Casa de Nariño, porque desde octubre pasado el exministro de Defensa, Guillermo Botero, anunció que en el Gobierno ya preparaban los contratos de los pilotos y sus entrenamientos para reanudar la aspersión aérea: “Estamos total y absolutamente listos: los aviones están funcionando, los pilotos inician contratos en el transcurso de los próximos días. Estos pilotos van a entrar a entrenamiento”, dijo el entonces titular de la cartera de seguridad.

Entre tanto, en el Congreso hace tránsito un proyecto de partidos independientes y de oposición que busca prohibir el uso del glifosato en el territorio nacional y que espera su primer debate. Al respecto, el senador Iván Cepeda, del Polo, indicó en su momento que el articulado busca “lograr la prohibición del glifosato y sus derivados en todo el país. Defendemos la tesis, que está demostrada, del carácter nocivo del glifosato en materia de salubridad”. Y el senador Luis Fernando Velasco, liberal, afirmó sobre la iniciativa: “Lo que queremos es abrir el debate sobre el uso del glifosato”.

EEUU acoge con beneplácito la publicación del proyecto de decreto sobre la reanudación de la erradicación aérea de coca.

Uno de los autores del proyecto, el senador cesarense Antonio Sanguino, de la Alianza Verde, le dijo a EL HERALDO que el anuncio de la reanudación de las aspersiones aéreas “es una pésima noticia por varias razones: Porque ese proyecto de decreto es un claro desconocimiento del principio de precaución que existe para proteger el ambiente y la salud pública, y ese principio que se ha aplicado en otras partes del mundo este decreto lo desconoce; segundo porque es un decreto que busca sacarle el quite a los pronunciamientos de la Corte Constitucional que condujo a la suspensión de la aspersión en el gobierno de Santos y en tercer lugar porque volver a la aspersión es repetir una fórmula fracasada, porque hemos fumigado cerca de 2 millones de hectáreas y ello no ha significado la erradicación de la producción de coca en el país, y lo que hace es hacer descansar sobre uno de los eslabones más débiles de la cadena del narcotráfico la política más dura que es la de la aspersión”.

Reiteró el opositor que está “probada” la ineficiencia del glifosato, pues “el propio Ministerio de Justicia reconoce que la resiembra en las áreas de fumigación está por encima del 50% mientras que la resiembra cuando la erradicación es voluntaria no llega más allá del 5%”.

Adelantó que en este periodo legislativo insistirá la bancada alternativa en el proyecto que prohíbe el herbicida “en primer pulgar para las fumigaciones en cultivos ilícitos y en segundo lugar en su uso en agricultura, porque la demandan que perdió Monsanto en Estados Unidos por un caso demostrado de efectos cancerígenos no fue precisamente en cultivos de narcotráfico sino en actividades de jardinería”.

Finalmente, anuncia que ante la probable aprobación del decreto por parte del Consejo Nacional de Estupefacientes “quedan los recursos que podremos interponer ante la Corte para que aplicando su propia jurisprudencia controle la decisión y logre aplicar y hacer respetar el principio de precaución, un principio universal de protección de la vida humana y los ecosistemas”.

Por su parte, el senador Carlos Felipe Mejía, del Centro Democrático y quien saludó en las redes sociales la reactivación del glifosato, en diálogo con EL HERALDO puso de presente que “lo más importante de esto es la lucha que el presidente Iván Duque ha dado desde que llegó al Gobierno, cumpliendo su promesa de campaña de contrarrestar el crecimiento de los cultivos ilícitos”.

Para el parlamentario, la suspensión de las aspersiones en la era Santos se dio no por razones de salud sino “gracias a los acuerdos de La Habana se suspendieron en 2015 (…), decían que había problemas de salud y la historia dirá a dónde fueron a parar millones de dólares de muchos que internacionalmente apoyaron el narcotráfico también por ejemplo en Bolivia y en partidos políticos no solo en Colombia”.

No obstante, resaltó que Duque “ha logrado que el crecimiento de los cultivos se detenga incluso sin usar el glifosato” y advirtió que “hay que reducir y contrarrestar el narcotráfico pero a pesar de los esfuerzos del Gobierno sigue siendo una estrategia donde se pone en riesgo la vida de policías y militares en la herramienta de la erradicación”.

Saludó por ello “que esa reglamentación vaya haciendo un camino y, sometido a los condicionamientos que la Corte ha puesto y con la intervención que involucra a la Anla y al INS para que hagan el seguimiento y que en tiempo real se puedan evaluar los efectos ambientales, me parece de la mayor importancia”, ya que, señala, “el narcotráfico financia campañas, el lavado de activos deforma la economía, y los excedentes de droga se están yendo a inundar todos los barrios de Colombia no solo en Bogotá y el Eje Cafetero, sino también en Barranquilla, porque están inundando las calles con lo que no se puede exportar y la drogadicción se ha convertido en un problema grave”.

Y, por último, aseguró que en el Eje Cafetero “usamos el glifosato desde hace 30 años y salen a decir que es el peor veneno, pero el peor veneno es la droga y la contaminación de las fuentes hídricas por el narcotráfico y la enorme deforestación”, y añade que con el herbicida el Gobierno no solo detendrá el crecimiento de los cultivos ilícitos sino que nos bajará: “Claro que los tiene que bajar, porque el glifosato tiene una particularidad y es que es el único herbicida sistémico, que al tocar la planta se va hasta las raíces y las mata completamente”.

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