Exalcalde de Buenaventura habría pagado servicios de estudiantes ‘fantasmas’
La Procuraduría abrió una investigación preliminar contra el exmandatario local por haber incurrido en detrimento patrimonial de $ 37.000 millones.
Investigación preliminar contra Bartolo Valencia Ramos, alcalde de Buenaventura en el periodo 2012-2015, abrió la Procuraduría General de la Nación, pues el exmandatario local habría pagado servicios educativos a más de 40 mil alumnos 'fantasmas' o 'inexistentes' , lo que generó un detrimento patrimonial de $ 37.000 millones.
De acuerdo con el Ministerio Público, al parecer, durante los años 2012, 2014 y 2015 Valencia Ramos habría utilizado recursos del Sistema General de Participaciones del sector de la educación para cubrir los servicios causados por ese número de alumnos, "gastos que presuntamente no pudo justificar durante una auditoría ordenada por el Ministerio de Educación Nacional", señaló el órgano de control.
Posiblemente, “Bartolo Valencia Ramos pudo darle un manejo indebido a los recursos destinados al sector educativo del Distrito (…), dada la inexistencia de 41.267 estudiantes, de los 111.600 reportados al Ministerio de Educación Nacional”, sostuvo el Ministerio Público en el pliego de cargos.
El órgano de control también determinó que el exalcalde de Buenaventura incumplió las reglas sobre administración de bienes ajenos y de “los mandatos y postulados que gobiernan una conducta ajustada a la ética y a la justicia, que imponen un obrar transparente y responsable, más aún, tratándose de recursos destinados a la educación de niños, niñas y adolescentes, a quienes se les debe asegurar ese derecho fundamental en condiciones de óptima calidad”.
Además de las irregularidades en pagos de servicios educativos, el exalcalde Valencia Ramos junto con la exsecretaria de Educación del municipio, Yenny María Angulo Quintana, también habrían incurrido en anomalías sobre cobertura eduactiva.
Esto por anomalías en la firma de contratos para ampliar la cobertura educativa, que aparentemente generaron un detrimento patrimonial por $ 2.552 millones de pesos.
Al parecer, los exfuncionarios habrían incluido en el banco de oferentes del municipio al Centro Docente Ana Victoria, sin que este "cumpliera los requisitos de trayectoria e idoneidad exigidas por la ley, ni contara con la infraestructura física adecuada para recibir una población de 2.000 estudiantes", cifra ofertada por esa institución al momento de suscribir su vinculación con el municipio.
Para el Ministerio Público, con su conducta los exfuncionarios habrían vulnerado los principios de moralidad, responsabilidad y el deber de selección objetiva que rigen la contratación estatal.
