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Exmagistrado Ricaurte se entregó ante autoridades pero no fue capturado

La orden en contra del extogado, señalado como una de las cabezas del ‘Cartel de la Toga’, no estaba lista.

El exmagistrado Francisco Ricaurte, condenado por el Cartel de la Toga, se entregó la mañana de este miércoles a las autoridades para responder por los delitos a los que se le condenó el martes, sin embargo no pudo ser capturado porque la orden en su contra no estaba lista.

La Fiscalía había informado en la lectura de sentido de fallo que logró demostrar en juicio que el exmagistrado, junto a algunos funcionarios judiciales y un grupo de abogados, promovió y dirigió una organización criminal que, en al menos tres oportunidades, recibió dádivas para interceder en el curso de procesos penales contra aforados constitucionales.

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El exmagistrado, señalado como una de las cabezas de la organización criminal de corruptela de las altas esferas judiciales, conocerá además el monto de su condena hasta el próximo 25 de marzo

El juez 10 penal del circuito de Bogotá emitió sentido de fallo condenatorio contra Ricaurte al dar crédito a lo acusado por la Fiscalía: "El exfuncionario intercedió para direccionar decisiones judiciales a cambio de dinero".

El extogado fue sentenciado por los delitos de concierto para delinquir agravado, cohecho por dar u ofrecer, en concurso homogéneo; utilización indebida de información privilegiada y tráfico de influencias.

En un comunicado, la Fiscalía reportó que estableció que "en la red de corrupción, el abogado Luis Gustavo Moreno era el encargado de recibir los dineros de los procesados que él contactaba. En cada caso, la suma era distribuida entre el exmagistrado Ricaurte Gómez y otras personas, quienes se encargaban de realizar gestiones indebidas en diferentes instancias judiciales para manipular las decisiones e intentar favorecer a los aforados que pagaron".

Según el informe del ente acusador, dos de los eventos acreditados como criminales están relacionados con procesos que se seguían en el despacho del también ex magistrado de la Corte Suprema de Justicia, Gustavo Malo Fernández. En uno, el excongresista Álvaro Antonio Ashton Giraldo habría entregado $1.200 millones para dilatar, archivar o prescribir la investigación en su contra por presuntos nexos con grupos paramilitares. Aquí Ricaurte Gómez recibió $400 millones. En el otro hecho, el exsenador Musa Besaile Fayad, supuestamente, pagó $2.000 millones para frenar una orden de captura en su contra.

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En esa ocasión al exmagistrado le correspondieron $250 y $290 millones. Y un tercer caso, indica la información, está relacionado con $30 millones que, al parecer, dio el exgobernador de Valle de Cauca, Juan Carlos Abadía, para presuntamente dilatar un proceso por corrupción.

El juez, en su providencia, dio credibilidad al exfiscal Moreno: "Comienza a perfilarse aquello que denominó Luis Gustavo Moreno como una organización criminal, y como se trata de valorar el testimonio de Moreno, no ve esta judicatura que dentro del acervo probatorio haya alguna prueba que desvirtúe o haga inverosímiles o no creíbles las aseveraciones que hizo Moreno. (...) Ricaurte y Bustos corrompieron a los demás funcionarios como Camilo Ruiz, Alfredo Bettín y más funcionarios, porque los tenían al servicio de los intereses personales no solo de los intereses de corrupción si no de cualquier tipo de aspiración y de favorecerse con la toga para alcanzar esas aspiraciones".

Los integrantes de esta organización criminal, para el togado, fueron al parecer los exmagistrados Leonidas Bustos, Francisco Ricaurte, Camilo Tarquino y Gustavo Malo; el exmagistrado auxiliar Camilo Ruiz; los exfiscales Luis Gustavo Moreno y Alfredo Bettín, y el abogado Luis Ignacio Lyons.

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Frente al modus operandi de esta organización criminal, que funcionó desde 2013 hasta 2017, el juez señaló al referirse al caso de Abadía: "Resulta cierto y probado que Ricaurte y Moreno, integrantes de la organización que data del año 2013, con poder de Juan Carlos Abadía a Moreno, como fachada, con intervención activa de Ricaurte, desarrolló el propósito criminal que era favorecer a Abadía para que no se le imputara por un contrato de bibliotecas y archivar dos archivos en su contra que llevaba el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia, Alfredo Bettín, a quien Ricaurte le prometió mantenerlo en el cargo con el compromiso de orientar los dos archivos a favor de Abadía y evitar la imputación".

Añadió el togado en su sentencia que a Ricaurte, como exmagistrado y servidor de la Rama Judicial que fue "le era exigible que su comportamiento se ajustara al ordenamiento legal y constitucional, pues contaba con la ilustración y suficiente conocimiento para comprender el alcance y las consecuencias al contrariar el ordenamiento jurídico legal. Por ello es susceptible del reproche penal por lo que hizo y se probó en este juicio oral".

La Fiscalía y el despacho 10 penal del circuito tuvieron en cuenta las declaraciones como testigo del exfiscal Moreno, quien narró con detalle cómo en el bufete de abogados de Ricaurte, en el norte de Bogotá, se hacían las negociaciones fraudulentas de la organización criminal.

La Procuraduría también pidió el pasado 1 de marzo condenar a Ricaurte "por el direccionamiento de procesos judiciales a cambio de dinero", aseverando que "las pruebas practicadas durante el juicio permitieron concluir más allá de toda duda razonable la responsabilidad del acusado en los hechos objeto de investigación, que consistieron en promover, organizar y dirigir una organización criminal".

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