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Dos días a Mindefensa para que explique “perdón”

El Tribunal Superior de Bogotá le ordenó a Carlos Holmes Trujillo que precise cómo dio cumplimiento al fallo de la Corte Suprema.

La Sala Civil del Tribunal Superior de Bogotá le dio 48 horas de plazo –que se vencen este sábado– al ministro de Defensa, Carlos Holmes Trujillo, para que explique el “perdón” que ofreció hace unos días al país por orden de la Corte Suprema de Justicia ante los excesos de fuerza de los uniformados en medio de la represión de las protestas del paro nacional de noviembre de 2019.

El titular de la cartera de seguridad debe precisar cómo dio cumplimiento a la sentencia del máximo tribunal de la justicia ordinaria.

“El jefe de la cartera de defensa debe señalar, a través de qué medios de radio, televisión y redes sociales, hizo la difusión ordenada y aportar las pruebas que corroboren ese hecho”, se lee en la decisión suscrita por la magistrada Hilda González Neira, del Tribunal Superior de Bogotá.

Esto luego del incidente de desacato que presentó Alirio Uribe, del Colectivo de Abogados ‘José Alvear Restrepo’, al considerar que Trujillo, al reiterar las disculpas ofrecidas por el asesinato del ciudadano Javier Ordóñez a manos de la Policía, no se disculpó por los abusos de la fuerza pública durante el paro nacional del año pasado, en medio de los cuales fue asesinado el joven Dilan Cruz por un disparo del Esmad.

El recurso de Uribe fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia, pero esta lo remitió al Tribunal Superior de Bogotá.

El alto tribunal decidió enviar el incidente de desacato al despacho capitalino al considerar que no tiene competencia para evaluarlo, toda vez que fue este el que decidió sobre la tutela que produjo el fallo en primera instancia.

Mientras tanto, en la Corte Constitucional ya se dispuso en días pasados la revisión de la tutela que originó el fallo de la Corte Suprema, revisión solicitada por el Gobierno al considerar, según lo que ha dicho el presidente Iván Duque, que hubo errores en la decisión y extralimitación de funciones del alto tribunal.

Por su parte, la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, se refirió esta semana a los desacuerdos que sostienen la administración distrital y el Gobierno en la mesa creada para elaborar el protocolo para las protestas que ordenó el Tribunal Administrativo de Cundinamarca.

“Lo que ordenaron los tribunales fue garantizar, no limitar la protesta social, y prevenir y sancionar la infiltración violenta y el abuso de la fuerza estatal”, dijo la mandataria.

Esto luego de que las partes pidieran al despacho judicial departamental un plazo de 60 días para cumplir con lo dispuesto y, al mismo tiempo, configurar el estatuto de similares características que ordenó la Corte Suprema de Justicia.

El pasado miércoles se conoció que hubo discrepancias entre las partes en puntos como prohibir las capuchas, prohibir los grafitis y establecer una póliza de responsabilidad civil extracontractual para los manifestantes.

De otro lado, los accionantes de la tutela que produjo la sentencia de la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia que protege el derecho a la protesta pacífica, emitieron el pasado jueves un comunicado en el que señalan que “todas las instituciones deben cumplir de inmediato y de buena fe todas las órdenes de la sentencia de la Corte” y saludaron al respecto “la voluntad de cumplimiento que han expresado la Procuraduría, la Defensoría y la Alcaldía de Bogotá”.

Pero invitaron “al presidente de la República y al ministro de Defensa a cumplir a cabalidad las órdenes de la Corte Suprema y a respetar en todo tiempo el derecho a reunirse y manifestarse pública y pacíficamente”.

Defensor y altos mandos

El defensor del pueblo, Carlos Camargo Assis, se reunió ayer con los altos mandos militares y de policía para evaluar los protocolos de acompañamiento de la fuerza pública de las manifestaciones públicas, en cumplimiento del fallo  de tutela de la Corte Suprema de Justicia. El encuentro se desarrolló “con el propósito de cumplir con el fallo que garantiza el derecho a la protesta social y pacífica”, indicó el ente del Ministerio Público en un comunicado. “El tema principal fue la evaluación de protocolos que garanticen y respeten los derechos humanos de los ciudadanos”, se lee en la información.  Camargo, con este propósito, ha escuchado durante esta semana a las diferentes partes en el asunto.

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