Corte ordena a Duque “intervenir” para que se cumplan medidas carcelarias
El alto tribunal señaló que el Inpec ha impedido el ingreso a los centros penitenciarios de entidades y organismos que hacen seguimiento al Estado de Cosas Inconstitucionales.
La Corte Constitucional dio un plazo de ocho días al presidente de la República, Iván Duque, para que asegure el cumplimiento de las órdenes proferidas por el alto tribunal en el marco del seguimiento del Estado de Cosas Inconstitucional (ECI) en materia de cárceles.
A través de un comunicado, la Corte indicó que las entidades del Ejecutivo “no demostraron el cumplimiento” a lo dispuesto en las órdenes del Auto 121 de 2018 y del Auto 486 de 2020 para que organismos vinculados al seguimiento de la medida tuvieran acceso a los establecimientos de reclusión.
“En octubre de 2021, la Comisión de Seguimiento de la Sociedad puso en conocimiento de la Sala de Seguimiento que solicitó al Inpec acceder a información relacionada con las condiciones de vida en reclusión de la población privada de la libertad. También, requería ingresar a determinados establecimientos penitenciarios y entrevistar virtualmente a algunos de los detenidos. La entidad pública no respondió su petición”, señaló la Corte.
La misma situación ha sido manifestada por la Defensoría del Pueblo, que también informó que, desde mediados de octubre de 2018, el cuerpo de vigilancia del Inpec “le ha impedido ingresar a algunos centros de reclusión del país”.
Específicamente a los funcionarios del Ministerio Público “no se les permite” el uso de cámaras y equipos de registro fotográfico y electrónico. Refirió que estos elementos “son indispensables” para las labores de verificación de las condiciones de reclusión que le fueron encomendadas.
La Sala advirtió que la postura del Ministerio de Justicia frente a las restricciones “muestra indiferencia y desinterés” por la garantía de los derechos fundamentales de las personas privadas de la liberta. En tal sentido, configuró “un bloqueo institucional” que entorpece la función que realiza este la corte para proteger las garantías de la población interna.
Por tal razón, la Corte consideró que presidente de la República “tiene las potestades necesarias y la ascendencia requerida”, como Jefe de Gobierno, Suprema Autoridad Administrativa y articulador de la política criminal, para instar al Ministro de Justicia y al Director del Inpec “a cumplir por sí mismo, las órdenes proferidas por esta Corporación”.
La Corte también ordenó compulsar copias a la Procuraduría para que defina si procede la apertura de investigación disciplinaria en contra de funcionarios del Ministerio de Justicia y del Inpec por el incumplimiento de las órdenes proferidas por el alto tribunal.
