¿Colombia está lista para ser un Estado federal?
Gobernadores, expertos y abanderados de la causa descentralizadora explicaron en EL HERALDO cuál es la hoja de ruta a seguir para lograr una Colombia federal o un país en el que las regiones puedan decidir sus propios destinos.
La semana pasada se celebró la Convención de Rionegro 2023 ‘Colombia federal, Colombia unida’, que conmemoró los 160 años de la Constitución de 1863 y fue liderada por la Federación Nacional de Departamentos, FND. En este diálogo gobernadores, expertos nacionales e internacionales y magistrados de las altas cortes volvieron sobre la necesidad de un mayor desarrollo de la Constitución de 1991 en materia de lograr una mayor autonomía territorial en el país.
Al respecto, EL HERALDO conversó con varios de los actores principales de este foro, así como con líderes políticos abanderados en el Caribe de la causa de la descentralización, para preguntarles cómo aterrizar estas ideas, es decir, qué es lo que hace falta para que las regiones tengan más recursos, más autonomía, más institucionalidad y más competencia para decidir sus propios destinos y saldar deudas históricas, sobre todo sociales y económicas, entre un poderoso y holgado centro del país y unos olvidados y empobrecidos territorios en la periferia.
Al respecto, el gobernador de Sucre, Héctor Olimpo Espinosa, señala que la hoja de ruta va por pasos: “El más urgente es que se materialice la promesa descentralizadora y autonómica de la Constitución del 91 y para eso toca que desarrollemos algunas normas o de hecho derogar algunas reformas constitucionales que lo que hicieron fue revertir la voluntad constituyente”.
Explica que el régimen de competencias de la Carta Política establece que “las gobernaciones se encargarían de los temas de transporte, de turismo, de desarrollo económico y ambientales, pero nada de eso sucede hoy: las competencias las tiene concentradas el Gobierno”.
Y critica que hubo unas modificaciones constitucionales en el 99, “que hicieron que hoy en día los municipios y los departamentos solo tengan el 16 % de los recursos del fisco, cuando con las normas del 91 hoy tendríamos más del 35 %”.
Finalmente, considera que no se han dado pasos importantes en materia de leyes de ordenamiento territorial, porque “se implementaron las regiones administrativas y de planificación que dependen de la voluntad de asociarse de los departamentos y la Nación no pone un peso”.
Entre tanto, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria, indicó que lo primero es que se dé un diálogo nacional al respecto en los próximos meses en espacios académicos “y volver a Rionegro en julio para presentar las conclusiones y ojalá a modo de proyecto de ley”.
Hay dos frentes, agrega, porque “si hablamos de descentralización y autonomía territorial esto, lo que es, es un desarrollo de la Constitución del 91” a través de proyectos de ley.
En segundo lugar, advierte, “el del federalismo es un debate que tendría que ser de corte constitucional, ya no legal, pero lo que hemos dicho la mayoría de los gobernadores es que no queremos una constituyente”.
Y, por último, asevera que se ventila la posibilidad de una ‘séptima papeleta’, “pero no creo que sea tan fácil repetir, como algunos creen, la experiencia de la Constituyente del 91”.
El gobernador de Córdoba, Orlando Benítez, propuso en la convención otra vía por la cual lograr una reivindicación para las regiones: “Deben fortalecerse los ingresos y la justicia tributaria que requerimos los departamentos y eso va a ser un mecanismo para llegar a la justicia social”.
Trae a colación igualmente al respecto el tema de las elecciones locales.
“Aquí estamos marcando un parámetro de lo que debe ser importante, por eso esta lucha debe hacer parte de estas elecciones locales, porque el sueño necesita recursos y también los congresistas deben ponerlo en la agenda legislativa”.
La abogada constitucionalista Paula Robledo expone que la propuesta de la Constitución del 91 “aún tiene mucho potencial por explorar y por desarrollar; con lo que probablemente, antes de pensar en una transformación estructural como la migración a un modelo federal, valdría la pena agotar este modelo territorial inacabado”.
Para la catedrática de la Universidad Externado hay que empezar por corregir omisiones legislativas como las entidades territoriales indígenas, “la oportunidad perdida en la Ley de Regiones, en la que se omitió analizar y establecer de manera adecuada y suficiente el régimen de financiación de las regiones entidades territoriales”, y en el establecimiento de un régimen diferenciado para los diferentes departamentos.
Finalmente, coincide en que “sería prudente que el Congreso repensara el alcance del principio de legalidad en materia tributaria”.
El gerente de la Región Administrativa y de Planificación del Caribe, RAP Caribe, Amylkar Acosta, pone de presente sobre el federalismo que “contrariamente a la narrativa que ha propalado de que fue una etapa caótica, marcada por el desorden y la falta de sindéresis, autores muy serios como el ex ministro de Hacienda José Antonio Ocampo y el profesor Salomón Kalmanowitz coinciden en que en la misma primó la responsabilidad fiscal y la dinámica de la incipiente economía postcolonial”.
No obstante, considera que “no es dable pensar con el deseo” que Colombia está preparada para el federalismo. “Este es un punto de llegada a la tierra prometida y no un punto de partida”.
Arroja además luces sobre propósitos que atacarían la recentralización que se cierne en los últimos años: el recorte de los recursos del Sistema General de Participaciones, SGP, mediante actos legislativos de 2001 y de 2007, y las 14 reformas tributarias aprobadas entre 2000 y 2022, “todas ellas para arbitrarle recursos a la Nación; ninguna para el fortalecimiento de las finanzas territoriales”.
Por ello, plantea revisar la fórmula del SGP, “consultando y volviendo sobre la fórmula de la Constituyente”, así como se debe –considera– “tramitar por parte del Congreso la aplazada reforma tributaria territorial” y la Ley Orgánica de Ordenamiento Territorial, LOOT, “llamada por el exconstituyente Orlando Fals Borda la ‘Ley Madre’, que tiene que ver con el reparto de los recursos y competencias entre los niveles de la Administración”.
El exgobernador y exconstituyente Eduardo Verano recuerda que, “como constituyentes, con Juan B. Fernández –director consejero de EL HERALDO– trabajamos en una autonomía territorial, ojalá un federalismo, que no llega al separatismo, pero es lo más avanzado. Sin embargo, los votos fueron para el modelo de las Regiones de Administración y de Planificación, RAP, que después de una etapa pueden convertirse en Regiones Entidades Territoriales, RET, con autoridades propias, recursos del presupuesto, un proceso electoral y un plan de desarrollo regional”.
Para esta conversión, precisó, los gobernadores y la junta directiva de la RAP deben promover una consulta en las elecciones, por ejemplo de octubre, sobre si quieren convertirse en RET: “Ya tuvimos una experiencia que fue la poderosa consulta del Voto Caribe en 2010, cuando 2,5 millones de personas votaron sí a la región Caribe como RET, pero los gobiernos de turno la menoscabaron diciendo que no tuvo efectos jurídicos”.
Y el ex presidente de la Comisión de Ordenamiento Territorial, COT, del Senado y presidente del Partido Conservador, Efraín Cepeda, defendió la Ley de Regiones: “Ha marcado un derrotero para las regiones administrativas y hoy todos los departamentos están en una RAP”.
Para el senador independiente es urgente avanzar en la descentralización “porque este gobierno es el más centralista: no ha permitido convenios interadministrativos con los entes territoriales, es decir que toda la ejecución presupuestal se hace desde el centro del país y a estas alturas solo se ha ejecutado el 6 % del presupuesto, lo cual es una frustración porque no llegan las obras ni el empleo”.
