El Heraldo
Captura de vídeo de Twitter @jbedoyalima
Colombia

Tras 23 años, un funcionario va a juicio por el secuestro de Jineth Bedoya

Se trata de Marco Javier Morantes Pico, el guardián del Inpec que hace más de dos décadas recibió a la periodista en la cárcel La Modelo en Bogotá.

Este martes, 16 de mayo, en el Juzgado 10 Penal del Circuito Especializado de Bogotá, comenzará el juicio en contra de Marco Javier Morantes Pico, dragoneante del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), por su presunta participación en los hechos que involucran el secuestro, tortura y abuso sexual de la periodista y editora de género del diario EL TIEMPO Jineth Bedoya Lima, perpetrados en mayo del 2000.

Morantes Pico, quien ahora enfrenta cargos por secuestro agravado, fue acusado por la Fiscalía General de la Nación de haber facilitado el crimen contra la Bedoya. Pues, de acuerdo con la investigación, él era el encargado de permitir el acceso a la cárcel La Modelo de Bogotá; no obstante, ese 25 de mayo, retuvo a la periodista en la entrada con engaños hasta que esta fue abordada y secuestrada por un hombre desconocido.

Según los hechos que señala la acusación, ese día Morantes le habría dicho a Jineth que, aunque su ingreso estaba autorizado para que pasara a realizar una entrevista con el paramilitar Mario Jaimes Mejía, alias el Panadero, ella debía esperar a que se le hiciera entrega de una boleta de entrada que nunca existió.

Presuntamente, esta excusa no fue más que una artimaña inventada por el dragoneante, cuya intención real  era, según la Fiscalía, “mantenerla en ese lugar, dando tiempo a que llegaran los encargados de su plagio”, quienes la secuestraron y perpetraron toda clase de vejámenes en su contra para, posteriormente, llevarla a Villavicencio, en el Meta, en donde fue abandonada en una vía pública.

Para la acusación, el papel que jugó el acusado fue un “apoyo esencial a la realización del fin último que, en el específico caso, era raptar a quien había tratado periodísticamente temas que involucraron a los grupos de autodefensas o paramilitares, como la del comercio de armas en el interior de la Cárcel Nacional Modelo y la utilización de las mismas en las diferentes masacres que se habían perpetrado dentro de dicho recinto carcelario, entre otros, conducta desplegada por el indagado, de manera consciente y voluntaria, y pudiendo obrar de forma legal y diferente, no lo hizo”.

Por su parte, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), concuerdan en que Morantes Pico formó parte de un plan criminal más amplio y señalaron que, si bien ahora se le juzgará a un funcionario de bajo nivel, es indispensable que se investigue a todos los agentes estatales que pudieron haber participado de lo sucedido, incluyendo los altos mandos.

Ahora bien, la Corte Internacional de los Derechos Humanos (IDH), señaló que la Fiscalía General de la Nación continúa en mora de adelantar una investigación diligente y dentro de un plazo razonable que juzgamiento y sanción. Pero, además, determinó que la investigación ha sido llevada a cabo con un carácter discriminatorio por razón de género.

Razón por la cual, la FLIP, hizo una llamado de atención a la justicia para que “en el desarrollo del juicio aplique los estándares de protección a las víctimas de violencia sexual, evitando la reproducción de estereotipos discriminatorios, que conllevarían a un nuevo escenario de revictimización hacia Jineth Bedoya”.

Del mismo modo que llamó al Estado a “adelantar el proceso penal en curso con estricto apego a los estándares internacionales de acceso a la justicia para las víctimas y teniendo en cuenta las órdenes de la Corte IDH en el caso”.

Cabe resaltar que, hasta el momento, por los hechos mencionados solo han sido condenados tres ciudadanos, todos exparamilitares, y ningún funcionario.

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