El Ministerio de Salud publicó este jueves un abecé del polémico Decreto 0858 del 30 de julio de 2025, “mediante el cual se adopta el Modelo de Salud Preventivo, Predictivo y Resolutivo, con el propósito de consolidar un sistema centrado en la atención primaria”.
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Reitera la cartera de protección social en el documento que “este decreto está alineado con los lineamientos definidos en el Plan Nacional de Desarrollo y no reemplaza el trámite legislativo de la reforma estructural al sistema de salud”, sino que “busca reorganizar los servicios para fortalecer la atención primaria, priorizar la prevención de enfermedades y mejorar la prestación de los servicios”.
Además, indica el Ejecutivo que su implementación “será progresiva y con enfoque territorial, en especial en zonas con menor capacidad en el primer nivel de atención”.
Expone que el decreto busca “garantizar un acceso equitativo, continuo y resolutivo a los servicios, con enfoque diferencial y territorial”, y que “parte del reconocimiento de la crisis estructural y de desfinanciamiento del sistema, y plantea un modelo más cercano a las personas, especialmente en zonas rurales y dispersas”.
En este sentido, sus componentes más relevantes son 10, según se lee:
1. Modelo Preventivo, Predictivo y Resolutivo
Este modelo está basado en la Atención Primaria en Salud (APS), centrado en la salud colectiva y la gestión territorial del riesgo y enfocado en la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y la articulación efectiva de servicios.
2. Redes Integrales e Integradas Territoriales de Salud (Riits)
Son redes de servicios organizadas territorialmente, que integran prestadores públicos, privados y mixtos. Estas buscan garantizar continuidad, oportunidad y calidad en la atención y estarán lideradas por centros de atención prioritaria y comunitaria de salud (CAPS) y servicios resolutivos cercanos.
3. Atención Primaria como eje transversal
La APS se convierte en la base del sistema. Incluye acciones de salud pública, intervención sobre determinantes sociales, trabajo extramural y participación comunitaria. Para tal cometido, se organizarán Equipos Territoriales de Salud, con enfoque familiar y comunitario.
4. Participación ciudadana y promoción social
Se crean espacios de participación local, regional y nacional. Asimismo, se fortalecen los Consejos Territoriales de Salud y otros mecanismos de diálogo con comunidades.
5. Fortalecimiento del sistema público
Se prioriza la inversión en infraestructura, talento humano, tecnología y condiciones laborales dignas en hospitales públicos. Además, se busca reducir la lógica de rentabilidad en la atención para privilegiar la permanencia del servicio.
6. Transformación territorial y descentralización
El modelo será implementado por los entes territoriales, con liderazgo del Ministerio. Se crea un plan progresivo de fortalecimiento institucional y asistencia técnica para garantizar que todas las regiones, empezando por las de menor capacidad, puedan adoptar e implementar el modelo.
Este plan incluye transferencia de herramientas, acompañamiento técnico y formación del talento humano.
7 No elimina las EPS
Aunque se orienta a una transformación organizativa del sistema, el decreto no suprime las EPS, sino que establece directrices para su articulación territorial, garantizando continuidad de servicios.
8. Gestión del riesgo en salud
Cada territorio deberá conocer e intervenir los riesgos colectivos y particulares. Las decisiones en salud se basarán en evidencia epidemiológica y social.
9. Enfoque diferencial y de derechos
El modelo reconoce las particularidades culturales, étnicas, geográficas y sociales. Además, prioriza la atención de poblaciones históricamente marginadas.
10. Evaluación, seguimiento y rendición de cuentas
Se definen indicadores y criterios para monitorear la implementación del modelo. Se promueve la transparencia en la gestión territorial de los recursos y servicios.
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Frente a las implicaciones que trae la norma para las entidades territoriales, afirma el Ministerio que “las gobernaciones y alcaldías, en coordinación con las EPS y los prestadores, son responsables de adoptar e implementar el modelo en sus regiones. Para ello, el Ministerio de Salud pondrá en marcha un plan progresivo de fortalecimiento institucional y asistencia técnica, que incluye formación del talento humano, acompañamiento operativo y criterios de priorización con enfoque diferencial. Este proceso iniciará en las regiones con menor capacidad instalada”.
Asevera además que el decreto “no cambia las reglas de financiamiento ni sustituye el modelo de aseguramiento actual, pero sí redefine la manera en que se organiza la atención en salud. Su apuesta central es por una salud preventiva, resolutiva, cercana y con participación comunitaria real, con énfasis en el territorio y en fortalecer lo público. Representa una acción concreta para enfrentar la crisis de acceso y fragmentación del sistema, mientras avanza el debate legislativo sobre la reforma estructural”.
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Reitera el Gobierno que las EPS “no se eliminan con este decreto, pero sí se les exige una transformación funcional y territorial. En lugar de operar como intermediarias desarticuladas, deberán articularse activamente con las redes territoriales de salud (Riits), coordinando de manera efectiva la referencia y contrarreferencia de pacientes, la adscripción poblacional, la gestión del riesgo en salud y el uso eficiente de recursos”.
Y el decreto advierte que “la habilitación y permanencia de las EPS dependerá de su capacidad de integrarse al nuevo modelo territorial y de cumplir con estándares de calidad, oportunidad y continuidad en la atención. Se espera que su rol evolucione hacia una mayor corresponsabilidad con los territorios, garantizando que los servicios lleguen de forma efectiva y sin barreras administrativas”.
Concluye la cartera de salud que el sistema de salud colombiano “enfrenta una crisis de desfinanciación, fragmentación y falta de acceso, especialmente en las zonas más vulnerables. Este modelo permite reorganizar la oferta de servicios, fortalecer la atención primaria y recuperar el rol estratégico de lo público, todo sin alterar el marco legal vigente. Es una respuesta técnica y urgente para garantizar el derecho fundamental a la salud, mientras se continúa debatiendo la reforma”.
