El Gobierno Petro se enfrenta a una nueva posible crisis diplomática tras la decisión de Estados Unidos de eliminar la exención de impuestos a los funcionarios y consulares colombianos acreditados en su territorio. La medida fue notificada mediante una nota diplomática enviada a la Embajada de Colombia en Washington, en la que el Departamento de Estado argumenta que Colombia no está ofreciendo las mismas condiciones a los representantes estadounidenses en Bogotá.
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A raíz de esta situación, la canciller Laura Sarabia anunció que se están adelantando conversaciones con las autoridades estadounidenses, la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Ministerio de Comercio y otras entidades, con el fin de encontrar una solución en los próximos días.
“El día lunes tendremos una nueva sesión y esperamos ya tener una solución frente a la medida que ha anunciado Estados Unidos”, declaró Sarabia en entrevista con ‘W Radio’, durante su participación en la convención bancaria organizada por Asobancaria.
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La revocatoria del beneficio implica que los diplomáticos colombianos en Estados Unidos dejarán de estar exentos del impuesto sobre las ventas, que en ese país puede oscilar entre el 6 % y el 12 %, dependiendo del estado. Además, se les retirará la posibilidad de importar bienes personales sin pagar gravámenes, lo que históricamente ha representado un gran ahorro para estos funcionarios y sus familias.
Según el procedimiento vigente, cada diplomático colombiano recibía una tarjeta emitida por la Oficina de Misiones Extranjeras (OFM), que debía presentar al momento de realizar compras o pagar servicios para quedar exento del impuesto correspondiente. Ese sistema, basado en la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, está sujeto al principio de reciprocidad.
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Sin embargo, el Departamento de Estado considera que Colombia no ha cumplido con esa condición. Aunque existe un decreto de 2014 que garantiza exenciones similares a diplomáticos extranjeros, en la práctica el proceso se ha visto entorpecido por trámites burocráticos que dificultan la devolución efectiva de los tributos, según denuncias recogidas por funcionarios extranjeros.
En su intervención, Sarabia reconoció que el Gobierno colombiano emitió recientemente un decreto para facilitar la devolución del IVA a diplomáticos extranjeros, pero admitió que aún se trabaja en ajustes para garantizar un trato equitativo.
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“Este ha sido un diálogo que se ha tenido con la embajada, hace parte de muchas de las otras conversaciones y seguramente llegaremos a un buen término para que no se afecten nuestros diplomáticos”, sostuvo.
La canciller también señaló la importancia de mantener los beneficios recíprocos para los diplomáticos de ambos países. “Queremos que los diplomáticos americanos que se encuentran en el país también tengan las exenciones de acuerdo a lo estipulado con las normativas”, puntualizó.
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La nota diplomática estadounidense establece como fecha límite el 16 de junio para el retorno de las tarjetas de exención. A partir de ese día, los diplomáticos colombianos deberán asumir el pago completo de impuestos como cualquier otro residente o visitante en Estados Unidos.
El anuncio ha generado preocupación entre los funcionarios colombianos en territorio estadounidense, que temen un impacto económico inmediato. Por el momento, la Cancillería confía en que las negociaciones logren una salida diplomática antes de que la medida entre en vigor.
