Supernotariado pide demoler edificio en Cartagena por falsedad en documentación

El debate sobre las construcciones ilegales volvió a abrirse en Cartagena luego de que el Superintendente de Notariado y Registro, Jairo Alonso Mesa Guerra, colocara el dedo en la llaga y afirmara que el edificio Portales de Blas de Lezo I, construido también por la firma Quiroz, debía demolerse. La decisión fue tomada por el funcionario luego de que, desde hace dos semanas, asumiera las funciones de control, inspección y vigilancia sobre los curadores urbanos.

El funcionario recordó que tras el desplome del edificio Portales de Blas de Lezo II hubo un saldo de 21 obreros muertos y 23 heridos, el pasado 27 de abril. La investigación adelantada por la Superintendencia permitió hallar documentación adulterada y una red de corrupción alrededor de las construcciones en la ciudad. Solo por la tragedia de esta edificación hay cinco personas capturadas.

Cabe recordar que las acciones emprendidas por el organismo de control se estableció que la licencia de construcción del edificio Portales de Blas de Lezo I son falsas. Esta es razón fundamental para que los actuales registro de propiedad se echen para atrás y los actuales dueños pierdan su propiedad. “Son personas que están ocupando de manera ilegal un edificio que no cumple con las normas de construcción y que se puede desplomar, entonces hay que tumbarlo” informó Mesa Guerra.

El Superintendente de Notariado y Registro señaló que, desde el pasado 13 de Julio cuando asumieron las nuevas funciones de control y vigilancia a los curadores, un grupo élite de la entidad dispuesto para realizar visitas especiales, halló más de 70 licencias de construcción falsas.

En consecuencia, el trabajo de Supernotariado, se enfocará en hacer un barrido minucioso con visitas a las 72 oficinas de este tipo que existen en el país. La meta es entregar un diagnóstico en tres meses sobre este tema, pero además sobre otros aspectos relacionados con el funcionamiento, como tiempos de recepción y solución de trámites.

45 quejas en Cartagena

Hasta ahora, la Superintendencia ha recibido 45 quejas sobre las curadurías en Cartagena. Varias son por demoras excesivas en el trámite de licencias, o por cobrar más de lo autorizado. “Todo mundo está denunciando y eso es muy bueno porque ahí entramos nosotros y nos toca plantear acciones correctivas” dijo Mesa Guerra.

Pese a las advertencias hechas por parte del Supernotariado, el jefe de control Urbano de la ciudad, Héctor Anaya, precisó que no es tan fácil decir que se tiene que demoler el edificio Portales de Blas de Lezo I, lo que consideró un poco apresurado. Aclaró que, junto con ingenieros de la Universidad de Cartagena se vienen realizando los estudios para determinar lo que se vaya a hacer. “Lo primero que se debe esperar es el diagnóstico patológico”, puntualizó el funcionario.

Anaya dijo que para el próximo mes de septiembre se tiene previsto que comiencen las demoliciones de parte de los inspectores de policía en la ciudad. El acompañamiento técnico estará a cargo de Control Urbano y la idea es que se atienda así el decreto 1203 del 12 de julio.

El plazo de ejecución para el levantamiento del estudio patológico es de cinco meses, por un valor de 998 millones de pesos y contempla entre otras acciones, la valoración de las patologías, toma y ensayo de núcleos, detección de acero con ferroscan, ensayos con esclerómetro y observaciones generales relacionadas con el estado de la estructura a través de evidencias de fallas locales.

Las sanciones que están previstas serán tanto en dinero como en demolición del área que no tiene la autorización por parte de las autoridades. El trabajo comenzará por el corregimiento de La Boquilla. Ante la red de corrupción en el sector de la construcción en la ciudad, Anaya manifestó en su momento que esta, se podría erradicar de la ciudad en un periodo mayor a cinco años. El trabajo, según el funcionario, se ha venido adelantando en procura de erradicar este cáncer que tanto afecta a la ciudad. “No es una tarea sencilla y tomaría al menos unos cinco años”.

“Yo me atrevería a decir que esto no debe pasar más de cinco años, en cinco años creo que es el tiempo mínimo que debe tener uno para poder purgar, pero tiene que haber mucho acompañamiento a las entidades” dijo el funcionario.

Por su parte, el alcalde encargado, Sergio Londoño Zurek, manifestó que el tema de las construcciones ilegales en la ciudad ha sido y será un punto en su agenda para tener en cuenta que será analizado con su equipo de gobierno.

Hablan los dueños de apartamentos

Los propietarios de apartamentos han dado a conocer sus puntos de vista frente a la propuesta del Supernotariado. Los apartamentos de Portales de Blas de Lezo I fueron financiados y costaron en total 165 millones de pesos. Uno de los dueños quien prefirió mantener bajo reserva su identidad precisó que cuando compraron su apartamento, lo hicieron acorde a un presupuesto que ya habían establecido y, gracias a una corredora, lograron dar con el proyecto. Establecieron la negociación con el mismo Wilfran Quiroz, hoy detenido por el caso del edificio Portales de Blas de Lezo II.

Aseguran que una vez negociado todo comenzó lo que para ellos era el sueño de tener una vivienda. “Vivimos todo el proceso de construcción y comenzamos a ver los detalles. A ellos les hicimos unos llamados de atención porque el suelo porque las baldosas se estaban levantando y no se estaban presentando grietas ni nada”.

El 6 de enero los habitantes del edificio Portales de Blas de Lezo I comenzaron a mudarse. El 30 de noviembre del año pasado les comenzaron a desembolsar el préstamo en el banco para compra de vivienda y comenzó a cancelarse un mes después.

“No veíamos el drama ante la caída del otro edificio y ahora vivimos entre la angustia, la zozobra y la tensión. Nosotros no estamos habitando el edificio por temor a todo. Tenemos miedo y no dormimos tranquilos. Estamos viviendo donde mi suegra”, comentó una de las propietarias quien manifestó además que la noticia las agarró por sorpresa porque si van a demoler el edificio aún no se tienen evidencias ni pruebas para decir que se va a demoler un edificio sin tener en cuenta lo que se ha invertido.

Los habitantes manifestaron que recibieron la noticia del superintendente con profunda preocupación y son graves. Ante las múltiples acciones legales que han interpuesto en su debido momento no han conocido una respuesta por parte de las autoridades. “Nos vamos a quedar sin casa y lo único que vemos es que nos vamos a quedar sin casa. Compramos de buena fe y con base en una notaría séptima que fue legalizada en la ciudad”.

El superintendente debe tener claro entonces, dicen los compradores, que se debe presumir la mala fe de todo el mundo. “Nosotros incautos y de buena fe compramos nuestras casas y los únicos estudios que se han realizado han sido pagos por nosotros mismos”.