Procuraduría profirió cargos contra alcalde Dau por compra de pruebas Covid
El mandatario habría contratado una empresa sin la capacidad para suministrar los test.
La Procuraduría General de la Nación profirió cargos contra el alcalde de Cartagena, William Dau Chamatt, y el exdirector del Departamento Administrativo Distrital de Salud, Dadis, Álvaro Fortich Revollo (año 2020), por presuntas irregularidades en la adquisición de diez mil pruebas rápidas para el diagnóstico del covid-19.
El órgano de control indicó que al parecer la Administración Distrital seleccionó a la empresa ‘Ventas, Distribución y Marketing’ sin que tuviera la capacidad para suministrar los kits, pues no contaba con la disponibilidad de pruebas requeridas, situación que ocasionó que la Alcaldía declarara el incumplimiento del contrato, que tenía un presupuesto de $725 millones de pesos.
“Para el Ministerio Público, la falta de idoneidad del contratista ocasionó la declaratoria de incumplimiento del contrato N° 008 de 2020, desvirtuando las razones que motivaron la contratación de emergencia, que eran la necesidad de contar con un diagnóstico oportuno que permitiera a las autoridades en salud una respuesta inmediata a la crisis de salud pública y social generada para el coronavirus”, indica el documento dado a conocer durante la diligencia judicial.
El ente de control agregó que la empresa, al parecer, no se encontraba habilitada por el Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, Invima, para la comercialización de pruebas rápidas.
Además advirtió que los precios unitarios de los kits ofrecidos eran mayores a los ofrecidos por laboratorios acreditados y reconocidos, con experiencia en el suministro de pruebas rápidas.
De igual manera, se supo que para el caso del exfuncionario Fortich Revollo, se indicó que aparentemente fue él quien elaboró el documento que justificó la selección del proveedor, sin presuntamente verificar su idoneidad para ejecutar el contrato.
Igualmente, al parecer la justificación incluida en la carpeta del contrato tenía relación con otro contrato diferente, que trataba sobre el suministro de insumos sanitarios y de protección, prevención y reducción de riesgos ante el Covid-19.
Por esos hechos la Procuraduría señaló que los investigados habrían vulnerado los principios de moralidad y eficacia; y calificó su presunta conducta como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.
