El Heraldo
Ingrid Serrano y sus dos nietas tuvieron que regresar. Cortesía Marcos Yepes
Bolívar

Damnificados de El Carmen de Bolívar retornaron a zonas de riesgo

Obligados porque no tienen recursos para pagar arriendos. Son 35 familias y piden apoyo al Gobierno nacional.

Diez familias damnificadas por los deslizamientos en el barrio Alto Prado del Carmen de Bolívar se vieron obligadas a retornar a sus casas destruidas, luego de deshabitarlas hace nueve meses ante el inminente riesgo que corrían sus vidas por el hundimiento de las mismas.

Son 36 personas las que han aceptado el miedo como parte de su vida cotidiana, y para quienes la indiferencia del Estado se convierten en apoyo silencioso de la injusticia.

Sostienen que regresaron, “no por valientes, sino porque creemos en Dios”, y confiesan que “estamos viviendo entre el miedo y la necesidad”.

“No solo es el miedo por el colapso de los vestigios de las casas, también por el contagio del coronavirus ante la posibilidad de estar hacinados en casa de familiares o, en el caso extremo, a tener que vivir en la calle”, añaden.

En esta población se han registrado 45 casos positivos de la COVID-19, de los cuales hay 38 activos y 4 recuperados. Han fallecido 3 personas. “Hay un caso que está en espera de redireccionamiento para la ciudad de Cartagena”, reportó la Alcaldía.

Las familias son conscientes de que el gobierno municipal ha mostrado todas las intenciones con el barrio, pero que también ha habido incumplimientos del Departamento y la Nación, como lo afirmó Marcos Yepes, presidente del Comité Central de Riesgo creado por los moradores.

Yepes, que nunca se ha ido del sector pese a las advertencias de la naturaleza y de sus allegados, manifestó que desde octubre del 2019, cuando las 35 familias afectadas desalojaron y fueron ubicadas en casas arrendadas, la Alcaldía cumplió con el compromiso de financiar el arriendo por tres meses, por un monto global de $1 millón 050 mil por familia.

“En los meses subsiguientes, desde enero, se guardó la esperanza de que la Nación apoyara, pero no ha sido así”, anotó.

La vivienda de Ruth Yepes está resquebrajada.

Esperanzas

Quienes decidieron luchar contra la desesperanza en el barrio Alto Prado sostienen que  el terreno no resistirá una inundación más.

Marta Paternina, Ingrid Serrano, Manuel Antonio Caro, José Gamarra, Dagoberto Torres, Antonia Tene (ecuatoriana), Nelsy Ochoa, Gilma Vega y Doris Tapia, todos con su núcleo familiar, aseguran que su retorno es una necesidad de la cual, seguramente, aprenderán alguna lección.

“Le juro que siento mucho miedo porque con mi esposa, María Tovar, de 66 años, tenemos que acomodarnos”, dijo Manuel Antonio Caro, de 77 años.

Manifestó que subsisten del aporte que reciben del Estado por ser de la tercera edad. “La tensión es grande”, precisó Caro, no sin antes aseverar que sus tres hijos tienen una situación que no es muy buena.

Doris Tapia Salcedo es madre comunitaria (a su cargo 12 niños) y tiene un hijo especial, aunque la ayudan sus padres asegura: “El temor nos invade, pero no hay de otra”.

El barrio no tiene gas ni agua. Este último servicio lo obtienen de un punto habilitado a una distancia de aproximadamente 500 metros. Hay tres calles sin acceso y enmontadas, en donde con dificultad lo único que transitan son motocicletas.

Se exponen al peligro

La arquitecta y ex directora de Gestión del Riesgo del Carmen de Bolívar Elsy Miranda sostiene que lo que han hecho estas personas ha sido una osadía.

Asegura que se les advirtió que el retorno no era viable, y que si lo hacían se exponían a un peligro inminente.

“No podían regresar a sus casas en ruinas”, dijo la exfuncionaria.

“La mayoría son de la tercera edad y cuando los sacamos para que vivieran en arriendo se paraban todos los días al frente de las casas a llorar”, recordó.

Agregó que fue tanta la pena que sintieron que “tuvimos que ponerles psicólogos. No es justo esto para ellos, pues están entre sus casas destruidas y la pandemia”, puntualizó.

Yepes insiste en que “es urgente que el gobierno departamental y el nacional se comprometan y nos cumplan”.

EL HERALDO llamó varias veces al alcalde Nelson Torres, pero no contestó. Igual a la directora de Gestión del Riesgo, María Romero.

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